La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Corrientes solicitó formalmente al Ministerio de Hacienda y al Gobernador, que el llamado Plus de Refuerzo de 10 mil pesos también alcance al personal precarizado que presta servicios en distintas áreas del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.
La presentación formal fue encabezada por el secretario General de ATE Corrientes, Feliciano «Chano» Romero; acompañado de becarias, contratadas, monotributistas y otras figuras de agentes precarizados por el Estado provincial; que en un 80 por ciento son mujeres «y perciben ingresos cercanos a la línea de indigencia», tal cual lo aseguraron a este medio.
«Parece que además de tener precarizados un 30 por ciento de la planta de personal en el Estado provincial, extienden el maltrato con el no pago de los pluses salariales», definió Romero.
La comitiva también informó el aviso formal y legal a la Secretaría de Trabajo de la Provincia sobre la realización ayer de una asamblea de trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, transferidos a la cartera de Justicia de la Provincia. Los temas a tratar fueron: cobro de haberes de los trabajadores y regularización laboral.
REPASO
Otro reclamo latente es el encabezado por el Colegio de Trabajadores Sociales de Corrientes. Todo comenzó en abril cuando el Poder Ejecutivo provincial tomó la decisión de traspasar las áreas de niñez del Ministerio de Desarrollo Social al de Justicia.
Fue a través del Decreto 1.075, que dispuso que «los órganos administrativos de protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes estarán bajo la órbita de la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia como órgano ejecutivo, y que la Coordinación Interministerial como órgano de articulación ministerial, y el Departamento de Fiscalización como órgano de control, pasarán a depender del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos».
«Al día de la fecha, a partir de este traspaso, los trabajadores que desempeñan funciones en este ámbito, se encuentran sin percibir sus haberes bajo la modalidad de becas, implicando más de 50 días sin efectivizarse el pago del mismo», alertaron.
«Sumado a la situación de precariedad laboral absoluta y violatoria de todo derecho laboral, se le suma el incumplimiento del pago de haberes», añadieron.
Desde el Colegio, solicitaron la «urgente resolución, y decimos basta de precarización laboral. No olvidamos los lamentables hechos ocurridos con niños y adolescentes bajo la protección del Estado provincial», completaron haciendo referencia a los hechos que se vivieron en el Hogar de Virasoro.
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