La Justicia Federal ordenó reabrir en Corrientes un juicio por trata y explotación laboral a cinco empresarios que fueron absueltos el año pasado por un tribunal correntinos, tras ser acusados de mantener hacinados y en condiciones insalubres a 40 personas en un emprendimiento forestal de la localidad correntina de Paso de los Libres.
El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, dictado por los jueces Mariano Borinsky, Carlos Carbajo y Gustavo Hornos, ordena al Tribunal Oral Federal de Corrientes volver a enjuiciar a los empresarios Mónica del Luján Nabone, Rolando Abel Díaz, Enrique Juan Percara, Gustavo Javier Percara y Diego José Percara, responsables de la empresa El Batelito, que quedaron absueltos en un juicio oral que concluyó el 4 de agosto de 2021.
Los hechos que les imputan a los empresarios fueron detectados en dos allanamientos realizados en febrero de 2011 y comprenden a víctimas que llegaban al campo.
En su presentación ante la Cámara de Casación, el fiscal federal Calos Schaefer sostuvo que el tribunal correntino no tuvo en cuenta que se trataba de una “situación extrema y deplorable de los trabajadores”, al describir que se hallaban “en condiciones de hacinamiento, sin las condiciones mínimas de trabajo, ni de salubridad, dormían en un tráiler y/o colectivo viejo, no tenían agua corriente, no tenían luz”.
Asimismo, subrayó que “la jornada laboral que tenían era muy variada, trabajaban de lunes a sábado e inclusive, también los días domingos, en tanto que la remuneración también era variable. Tampoco les proveían las herramientas de trabajo necesarias, porque los propios trabajadores manifestaron al momento de hacerse las planillas de relevamiento por personal de la AFIP, que trabajaban con las herramientas propias”.
El representante del Ministerio Público Fiscal también reprodujo las palabras del testigo Raúl Garcete, funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), quién había mencionado que las condiciones de vida eran deplorables y que “era doloroso estar en ese lugar» que no contaba «con agua potable ni luz eléctrica, estaban hacinados”.
En ese contexto, los jueces de Casación también tuvieron en cuenta que “de la prueba testimonial brindada y de las fotografías y videos efectuadas se desprendía que no existían baños ni duchas”. Además, constan en el juicio declaraciones de las víctimas en las que relataron, por ejemplo, que los empresarios les vendían las herramientas con las que debían llevar adelante sus tareas.
FUENTE: PÁGINA 12
