Se cerró el capítulo judicial sobre la administración anterior de la ciudad de Mercedes. En lo que constituye un verdadero leading case para la jurisprudencia provincial sobre delitos contra la administración pública, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó la responsabilidad penal del ex intendente, Diego Martín “Tape” Caram y de su círculo de funcionarios más estrecho, por los hechos de corrupción destapados en 2019.
A través de la sentencia N° 278, el máximo órgano judicial de la Provincia no sólo rechazó los recursos defensivos, sino que validó la tesis del Tribunal Oral Penal de Mercedes: no se trataba de errores administrativos, sino de un mecanismo ilícito aceitado para drenar fondos del erario municipal.
LA ANATOMÍA DE LA ESTAFA
Para entender la contundencia del fallo, se debe mirar el antecedente que dio origen a la causa, conocido mediáticamente como el escándalo de las «Planillas Truchas». Lo que el STJ confirmó hoy fue que en Mercedes funcionaba una trampa administrativa de tres cabezas:
- Planes sociales fantasmas: se incluía en las listas de beneficiarios a personas que jamás solicitaron ni recibieron un peso.
- La «bicicleta» de los sueldos: se confeccionaban planillas falsas de adelantos de haberes para empleados municipales, dinero que era desviado.
- Borrar las huellas: la sustracción sistemática de documentación pública para evitar que los organismos de control detectaran el desfalco.
EL REVÉS PARA LA DEFENSA
Los ministros del STJ, con el primer voto de Alejandro Chaín, desarticularon uno a uno los argumentos de la defensa, que intentó alegar nulidades procesales y falta de pruebas. El foco estuvo puesto especialmente en el planteo de Claudio Javier Deimundo, el tesorero municipal, quien sostenía que se había cambiado la calificación legal durante el proceso.
Chain fue lapidario: la defensa siempre supo de qué se le acusaba. «El delito se consuma cuando el bien ha sido quitado de la custodia administrativa, cualquiera que sea el destino que se le dé», explicó el magistrado en una cátedra de Derecho Penal. Para la Corte provincial, Deimundo no era un actor aislado, sino una pieza necesaria en el engranaje de pagos irregulares.
UN FALLO UNÁNIME EN LA CONDENA
La sentencia lleva las firmas de los ministros Guillermo Semhan, Fernando Niz y el presidente Luis Eduardo Rey Vázquez, quienes adhirieron sin fisuras a los fundamentos de Chain.
El dato técnico: hubo una «disidencia formal» de Eduardo Panseri. Fiel a su postura histórica sobre el orden de votación (basada en la Resolución Administrativa 54/25), el ministro aclaró que no compartía el procedimiento del sorteo de votos, pero -y esto es lo clave- coincidió plenamente en la solución final: culpabilidad confirmada.
EL IMPACTO POLÍTICO
Con la ratificación de la condena, la situación de Diego Caram, Pedro Jorge Brun, Gabriela Itatí Gómez, Cecilia Marisel Casco y Mariángeles Solange García Fariña queda prácticamente sellada.
Este fallo envía un mensaje disciplinador hacia el Interior de la provincia: la Justicia correntina ha elevado la vara en la recolección de pruebas para delitos de «guante blanco». Lo que comenzó como una denuncia de empleados municipales en 2019, hoy se convierte en una sentencia firme que deja a un sector político de Mercedes sin margen de maniobra legal.