El proyecto de la oposición fue pasado a comisión y no cuenta con el beneplácito del oficialismo. Apunta a incendios «de dudoso origen».
03-POLITICA-14En la sesión de ayer, el Senado provincial abordó el proyecto de Ley para que la provincia de Corrientes adhiera a la Ley Nacional N° 27.604, de Manejo del Fuego.
La iniciativa fue finalmente pasada a comisión para su estudio.
En los fundamentos, el legislador provincial, José «Pitín» Aragón explicó el objetivo de la presentación: «Proteger distintos tipos de ecosistemas que puedan ser víctimas en caso de incendios. No pretende diferenciar de aquellos que son provocados o accidentales, o que quemen vegetación viva o muerta, que sean en bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas, zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y humedales, pues su objetivo es primordialmente garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas, y entendemos que es esencial para eso que dichas superficies mantengan el uso del suelo que tenían previo al incendio, por un lapso mínimo de años que garantice su recuperación.
Paralelamente se busca también desalentar los incendios de ‘dudoso’ origen». Aragón recuerda en los considerandos del proyecto, los focos ígneos de los últimos meses en Corrientes: «Han arrasado con zonas de manera indiscriminada, desde áreas protegidas como bosques y humedales, hasta pastizales para cría de ganado y matorrales».
Finalmente, el legislador argumentó: «Estos sucesos impactan severamente en la biodiversidad, así como en la salud y seguridad de las personas que habitan especialmente en el sector de islas del Delta del Paraná». También solicita «la sanción de una ley nacional de humedales y una efectiva implementación de la ley de bosques nativos, así como por la salvaguarda de los derechos de pueblos originarios y comunidades locales, tradicionales e isleñas, y en general de toda la ciudadanía argentina».
Cabe recordar que esta iniciativa, junto a la llamada Ley de Humedales encontraron fuerte oposición por parte de grandes productores y dirigentes del oficialismo provincial por considerar que dichas normativas «no se acomodan a la realidad correntina».
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