Un diputado provincial puso bajo la lupa el Fideicomiso de Pautas Publicitarias Oficiales (FAPPO) en Chaco, bajo sospecha de posibles desvíos millonarios de fondos públicos para la contratación de usuarios ofensivos para redes sociales y plataformas de discusión como estrategias digital con fines proselitistas.
El legislador Nicolás Slimel requirió a la Cámara de Diputados de la Provincia que tramite un pedido de informes con información detallada sobre las contrataciones a trolls realizadas por el Fideicomiso de Administración de Pautas Publicitarias Oficiales (FAPPO).
El requerimiento incluye datos sobre las empresas proveedoras, los montos contratados y los servicios efectivamente prestados.
El pedido, ingresado formalmente el 30 de abril de 2025, exige respuestas documentadas por parte del secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico.
El legislador fundamenta la solicitud en la necesidad de ejercer control legislativo sobre el uso de fondos públicos, amparándose en principios constitucionales y leyes de acceso a la información.
“Es deber del Poder Legislativo garantizar la transparencia y el uso responsable de los recursos estatales”, señala el documento.
El requerimiento, además, advierte sobre posibles contrataciones duplicadas, la falta de procesos licitatorios visibles y la ausencia de informes públicos sobre la eficacia de los servicios contratados.
EMPRESAS CUESTIONADAS Y SERVICIOS CONTRATADOS
Entre las firmas bajo observación se encuentran Smart Consumer S.A., AdYouWish S.R.L., P&P Social Media S.R.L. y Smart Data S.A.S., todas beneficiadas con contratos por servicios de «difusión institucional», «procesamiento de variables socioeconómicas» o «asesoramiento en redes sociales».
De acuerdo con documentación oficial, se han pagado montos que oscilan entre 42 y 45 millones de pesos mensuales a algunas de estas empresas, por tareas que incluyen encuestas, gestión digital y monitoreo ciudadano.
En varios contratos firmados con la Fiduciaria del Norte S.A., se observa que las empresas contratadas operan desde domicilios en Buenos Aires, sin antecedentes relevantes en el ámbito local.
Los documentos, además, muestran que muchas de las tareas se superponen en concepto y período, lo que motivó la inclusión de una cláusula en el pedido legislativo para detectar posibles duplicaciones o contrataciones solapadas.
SOSPECHAS DE FINANCIAMIENTO DE TROLLS Y PROPAGANDA POLÍTICA
En los fundamentos del proyecto de resolución, el legislador advierte sobre un posible desvío del objeto real de las contrataciones.
“Estas firmas han sido objeto de denuncias públicas por participación en campañas de desinformación, manejo de redes de cuentas falsas y operaciones digitales durante procesos electorales”, afirma el texto legislativo.
Según la denuncia, los servicios contratados bajo la figura de “publicidad oficial” estarían siendo utilizados para financiar estrategias de comunicación digital partidaria.
El legislador Slimel advierte que este mecanismo podría representar una desviación grave del uso de fondos públicos, en detrimento de la transparencia estatal.
“No se trata simplemente de pauta institucional, sino de la construcción de una maquinaria propagandística orientada a manipular la opinión pública”, afirma el texto.
Los contratos aparecen firmados sin licitación previa y en algunos casos son prorrogados por vía administrativa, lo que refuerza las sospechas sobre su carácter discrecional.