El terraplén de una arrocera, que estaría operando de forma ilegal, está causando estragos en el río Miriñay, por lo que una investigación está siendo llevada a cabo y se solicitará que se destruya el terraplén construido por el emprendimiento.
El titular de la Fiscalía Rural y Ambiental, Gerardo Cabral, está al frente de las averiguaciones respecto a los trabajos que perjudican a las cuencas de los ríos Miriñay y Corriente, con el agregado de la extrema sequía.
En el caso del Miriñay, donde se detectó la arrocera ilegal Cabral, adelantó en declaraciones radiales que la semana que viene se realizarían las imputaciones por las irregularidades de la arrocera que construyó un terraplén sobre la cuenca del río que impide el normal escurrimiento de las aguas, ocasionando inconvenientes aguas abajo, y los perjuicios que ello causa a la biodiversidad.
No se descarta, además, que queden imputados el propietario de las tierras, el titular de la arrocera, el técnico encargado de la obra e incluso funcionarios públicos por los delitos de usurpación de agua (artículo 182 del Código Penal) y daño agravado (artículo 184 inciso 5, CP).
Tras los allanamientos ordenados por el juez Martín Vega, Cabral dijo a EL LIBERTADOR que avanzará con el pedido de destrucción de los terraplenes que impiden la circulación del escaso caudal del agua. Se trabajará para ello de manera articulada con el Estado provincial, debido a que el Ministerio Público no cuenta con la logística necesaria para llevar adelante esa tarea en la que se requiere de maquinaria específica como retroexcavadora, entre otras.
«Se constató una barrera artificial construida sobre el río Miriñay, a través de la Gendarmería Nacional con asiento en Paso de los Libres», expresó el Fiscal. «Se utilizaron drones con GPS para localizar bien el punto, las coordenadas y se avanzó con el secuestro preventivo de motor con estación de bombeo y también pretendíamos secuestrar una excavadora, pero que ya no estaba al momento del allanamiento», precisó.
«Pedimos información al Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa) que estamos esperando, pero verbalmente nos informaron que la arrocera no tiene autorización para el uso del agua, por lo que la semana que viene estaremos realizando las imputaciones», aseguró Cabral.
RÍO CORRIENTE
En el caso del torrente al Sur provincial, los propios productores de la zona enviaron una nota al Icaa advirtiendo de la situación, con copia a la Fiscalía y esta inició un expediente administrativo, solicitando al organismo provincial de contralor el detalle de todas las concesiones de agua y las hectáreas sembradas para esta campaña arrocera.
«Esa información nos proporcionaron hace dos días en el medio del trabajo de investigación que veníamos haciendo con Prefectura Naval de Goya, los Priar (Policía Rural y de Islas) de Perugorría, Curuzú (Cuatiá), la Policía de Chavarría y Yofre, porque la jurisdicción de la Fiscalía es amplia», indicó Cabral. «Estamos relevando toda esa información y también expectantes porque tenemos conocimiento de que se realizó una reunión donde intervino el Icaa y, en principio, se establecieron mecanismos de control y el compromiso de las empresas arroceras de disminuir el bombeo y ver el escurrimiento del caudal del río Corriente, donde se cortó en Paso López, Ruta Provincial 24, hacia abajo», detalló.
«Pedimos la constatación del Priar de Perugorría y no descartamos el inicio de alguna causa penal y un amparo ambiental», sostuvo el Fiscal.
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