Un grupo de diputados del PRO y del bloque de Encuentro Federal presentó un pedido de informes al Ejecutivo nacional sobre la aplicación de la trazabilidad individual obligatoria.
Fue un día después de que se publicara en el Boletín Oficial la resolución 71/2024, que dispuso la entrada en vigencia del nuevo sistema obligatorio para todo el rodeo vacuno (también de bubalinos y cérvidos) a partir de 2025.
La requisitoria contó con presencia correntina, de la mano de la legisladora del PRO, Sofía Brambilla, quien estuvo acompañada por Francisco Alejandro Morchio (Encuentro Federal, Entre Ríos), Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal, Córdoba), Nancy Ballejos (PRO, Entre Ríos), Juan Brugge (Encuentro Federal, Córdoba) Ignacio García Aresca (Encuentro Federal, Córdoba), Carlos Gutiérrez (Encuentro Federal, Córdoba), Nicolás Massot (Encuentro Federal, Buenos Aires), Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal, Buenos Aires), Alejandra Torres (Encuentro Federal, Córdoba), la iniciativa define 11 puntos sobre los que -consideran- se precisan aclaraciones.
Entre los ítems señalados al Ejecutivo se encuentra el pedido de precisiones sobre los mercados que exigen el sistema de trazabilidad en cuestión y el diferencial de precios que recibirían los productores por aplicarlo; las gestiones iniciadas por el Gobierno con países como Japón, Corea del Sur, Indonesia, Filipinas; información sobre entidades u ONG que hayan manifestado la necesidad de que se implementara este sistema; datos sobre los fabricantes y proveedores de los dispositivos electrónicos.
También se pidió información sobre la forma en que se realizará la selección de dichos fabricantes y proveedores; las medidas de seguridad que se aplicarán para garantizar el resguardo de los datos personales de los productores y su hacienda; el costo inicial de implementación del sistema y partida asignada para solventarlo; datos sobre el desarrollador de la aplicación móvil; y el costo estimado de la adquisición de los dispositivos para los productores a partir del 1 de julio de 2026, cuando el Estado deje de proveerlos.
Entre los fundamentos del proyecto, los legisladores firmantes indicaron que previo a este pedido ya se había presentado otra declaración en la que se expresó “preocupación” por la entrada en vigencia de este sistema y la necesidad de que los productores cuenten con más información.
“Sin embargo, nada se ha transmitido de manera formal. El repentino cambio y el corto plazo otorgado por el Estado Nacional para su implementación implicarán una grave complicación para los productores que verán alterado el proceso de producción para intentar cumplir con la adaptación requerida”, señalaron.
“Como ya se ha dicho, lo que necesitan los productores que trabajan en sus pequeñas y medianas empresas agropecuarias, familiares en su mayoría, es un alivio fiscal que les permita producir y no una medida que suponga una nueva traba para la producción por una readecuación burocrática”, afirmaron.
Consideraron que el Gobierno debería implementar medidas que “agilicen la gestión, simplificando los procesos burocráticos, quitando impedimentos y restricciones para potenciar al sector favoreciendo la libertad de mercado y no cambiando viejas trabas por nuevas”.