Empresarios provinciales expusieron su malestar ante el anuncio del Gobierno nacional sobre el otorgamiento de 60 mil pesos a trabajadores en relación de dependencia. Anticipan que la implementación podría generar impacto negativo a partir del traslado a precio o reducción en el costo, lo que implicaría reducción del personal.
«La situación es bastante compleja porque fue algo, en el caso del comercio, donde se está saliendo de una paritaria que se cerró el mes pasado y se empieza a implementar ahora este mes. Y a pocos días del cierre se implementa esto que no está ni siquiera reglamentado», señaló en diálogo con EL LIBERTADOR, Iván Vilas, referente de la Asociación de Comercio de Goya, de la Federación Económica y además con una empresa de la construcción a su cargo.
Continuó: «No se sabe cómo se va a reglamentar, cómo se va a implementar esta decisión tomada por el Ministro de Economía en un contexto tan grave como el que se está viviendo, de una devaluación sufrida hace apenas 15 días, una caída de las ventas tan grande como estamos teniendo, en donde el ingreso se ve fuertemente afectado y los costos suben tremendamente».
Indicó que los comerciantes están muy preocupados, viendo cómo pueden bajar sus costos «y lo primero que se interpone, como charlaba con algunos, es de agarrar y despedir personal, que es lo que en esta situación justamente es lo que hay que evitar», indicó.
A lo que agregó que no obstante son conscientes de la realidad: «Viviendo del lado del empleado, también vemos que al empleado no le alcanza hoy en día lo que recibe de remuneraciones, pero el Gobierno sacó una medida que no puede hacer determinadas cosas con los fondos extras que recibe».
ABISMO
El empresario, con más de 100 empleados describió: «En el caso del sector privado, si se llega a implementar, que todavía no se sabe qué va a pasar, se va a trasladar a precio, como todas las cosas. O sea, cuando hay un aumento no se puede, o se traslada a precio o se reduce el costo. La reducción de costos muchas veces implica tener que bajar el personal, que es algo que del sector privado no lo queremos, porque tener que despedir a una persona te implica un montón de tiempo de preparación de esa persona, que se adecue a las medidas que uno tiene dentro de la empresa, cómo tiene que trabajar».
El referente de asociaciones y federaciones económicos sostuvo: «Con medidas de este tipo ponen el abismo al comercio y a tener que tomar determinadas medidas que no son deseadas».
ADHESIONES
«Realmente algo muy imprevisto, algo que llena aún más esta zozobra que existe hoy, porque estamos frente a un gobierno que toma medidas en donde justamente lo que más necesita el sector privado, que tiene que invertir para generar más empleo, es tener previsibilidad a largo tiempo, es decir, mis costos van a ser esto, mis impuestos van a ser esto, entonces de esa forma sí puedo o no producir, pero el Estado nacional se empecina en poner trabas a todo lo que sea producción y a todo lo que sea tener una previsibilidad a largo tiempo».
El alerta de empresarios y gobiernos de todo el país, reside en que la medida, aún pendiente de reglamentarse en el boletín oficial, la liquidación por parte de los ejecutivos provinciales y municipales del bono será a modo de adhesión. O sea, las provincias y municipios que decidan pagar la suma fija a sus empleados públicos nacionales deberán hacerlo con fondos propios. No habrá partidas específicas del Gobierno nacional para asistirlas con ese gasto.
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