Por Ricardo Ferrer Picado *
Pasaron apenas unos días de la definición del balotaje en Argentina y el mundo libre aplaude al nuevo presidente, Javier Milei, que llegó con propuestas disruptivas y una narrativa confrontativa de lo políticamente correcto.
Las dos principales propuestas -y las más controversiales- eran la dolarización y la disolución del Banco Central de la República Argentina, las cuales han salido de la agenda. Mientras, se relajaron cuestiones como la vinculación con China, a la vez que se incorporó un plan de privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, Enarsa, YPF, medios públicos como Canal 7 y se anunció el cierre de organizaciones estatales como Télam.
En todas las entrevistas que dio el Jefe de Estado electo -en las que se centró el foco mediático en su figura mientras el gobierno organiza su salida con medidas insustentables- se habla sistemáticamente de un ajuste del 15 por ciento del PBI y del cese total de obras públicas. Incluso de las imprescindibles como los caminos rurales que reclaman los productores agropecuarios para sacar su producción.
Así se contempla la contracción inmediata del 5 por ciento, que podría dar lugar a dejar de pagar los aguinaldos y a sacar los subsidios. Estos últimos serían particularmente al transporte y a la energía, cuyos quites se realizarían de forma inmediata. Es decir, «de shock».
El propio Javier Milei advirtió que serán seis meses durísimos, aunque aseguró que también «hay una luz» y que el esfuerzo tendrá sentido.
Sin lugar a dudas, Argentina tiene la potencialidad de poner en marcha varios de sus motores económicos -turístico, agropecuario, energético, minero, de servicios, entre otros-, liberando la economía y formalizando el flujo informal que ha sostenido el tejido social pos pandemia.
Para llegar a ese punto, primero hay que superar ese camino repleto de obstáculos, de poderes fácticos, inercias reaccionarias y corporativas que resistirán el cambio y las transformaciones que, de no hacerse por vía estatal, las operará tarde o temprano la realidad, la cual sacude sin avisar e impondrá la agenda real global ante la anacrónica que debaten los autoritarismos que concentran y ejercen el poder.
En este sentido, el nuevo gobierno tiene claridad en los objetivos estratégicos y las herramientas para concretarlos, pero para ello debe lograrse blindar una operatividad táctica. No obstante, queda la duda de si tiene la capacidad de transitar y superar el camino, previniendo golpes a su legitimidad en instancias sensibles en que las que la pobreza con la que asume deja margen de maniobra a aparatos políticos prebendarios, como movimientos sociales, empresariado tributario del patrimonialismo estatal y sindicatos que sólo saben negociar privilegios.
Estos, que podrían prestar la logística y la movilización, ya cuentan con capacidades después del ataque asimétrico que sufrieron Colombia y Chile con gobiernos que recién asumían y simplemente quedaron reactivos y vegetando hasta finalizar inertes, sin agenda propia y negociando una suerte de rendición y entrega a la corporación reaccionaria. Su eje: las autocracias del Vric -Venezuela-Rusia-Irán-China- que, en el caso argentino, contarán con asistencia de las coaliciones gubernamentales de Bolivia y Brasil, y la confluencia de La Habana y Managua con el crimen organizado, que cuenta con gran margen de acción operativa después de estos últimos 4 años de desgobierno en favor de su impunidad.
Mientras que en África y Medio Oriente los detonadores de estos hechos que impiden el despliegue de reformas lo gatillan hechos policiales, aquí, con el Caso Maldonado, ese ataque asimétrico se impidió con pericia de la inteligencia criminal a cargo del entonces Ministerio de Seguridad de la Nación comandado por Patricia Bullrich.
El gobierno que asume en Argentina reúne las condiciones para ser víctima de un ataque asimétrico montado sobre el aumento de los servicios y precipitado por quienes pretenden beneficiarse del caos: al estar en formación, aún no cuenta con la coordinación de una gestión consolidada ni con experiencia en la botonera. Tampoco con la capacidad de una bancada que al menos logre un tercio para bloquear un juicio político con 89 legisladores en diputados y un similar en el Senado.
Aquellos que podrían concretar la levantada contra las autoridades son los mismos que ya exhibieron su capacidad de hacer, en menos de 72 horas, una campaña internacional con el Caso Maldonado. Podrían provocar per se una represión, con tres o más focos de protesta nacionales, y convocar organismos como Amnistía Internacional, entre otros, y afines, para deslegitimar las instituciones del orden y del gobierno, que quedaría arrinconado y limitado con la volátil opinión pública manipulada.
Es dable agregar que son pocos los efectivos de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales que pueden prevenirlo. Muchos menos son aquellos que podrán reprimir con orden. Las fuerzas federales argentinas solo cuentan con municiones anti tumulto para dos días.
Lo importante -como se ha hecho para evitar saqueos, ataques a entidades financieras o blancos que sean determinados como responsables del ajuste por «su concentración capitalista»- es protocolizar acciones público-privadas para prevenirlos. Tal como se hizo en Argentina desde la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal con éxito y reconocido en todo el mundo: previniendo y contrarrestando ante que los hechos sucedan, con un control del flujo migratorio y en fronteras.
Es posible y probable contrarrestar y evitar esos escenarios habiendo capacidades disponibles en el Estado y a disposición del Gobierno entrante. Es obligatorio en defensa del orden para el progreso de nuestra República Argentina en esta nueva etapa que no debe ser desaprovechada. Probablemente, sea la última para que haya un cambio y triunfe la Libertad, la Democracia y el Estado de Derecho.
* Publicado en Infobae.