El Senador provincial de la UCR defendió la medida del Poder Ejecutivo como una herramienta jurídica destinada a ordenar el sistema de alianzas electorales en Corrientes, garantizando coherencia, transparencia e igualdad. Rechazó las críticas por inconstitucionalidad y respaldó la intervención judicial como parte del Estado de Derecho. Remarcó que la norma busca evitar distorsiones electorales y preservar el principio de unidad en cada coalición política.
02-TAPA-POLITICA-12El senador provincial y dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR), Noel Eugenio Breard se pronunció en defensa del Decreto 1.260, emitido por el Poder Ejecutivo de Corrientes, que reglamenta aspectos clave del proceso electoral provincial. Según expresó, el objetivo de esta norma es ordenar el sistema de alianzas políticas y garantizar la coherencia en la oferta electoral.
«El Decreto 1.260 lo que hace es reglamentar, poner límites para cuidar el espíritu de la ley», afirmó. La disposición establece que cada alianza electoral puede respaldar a un solo candidato a gobernador, lo que, según el legislador, evita la proliferación de postulaciones múltiples sin vínculos jurídicos-políticos claros.
Breard explicó que el decreto no impide la formación de alianzas municipales diversas, pero subrayó que todas ellas deben converger en un único respaldo para la categoría de gobernador. «Es posible realizar alianzas municipales, pero siempre con un solo candidato a gobernador», indicó.
La medida busca evitar interpretaciones ambiguas que permitan a un mismo espacio político respaldar distintas candidaturas para la gobernación, lo que, según Breard, iría en contra del principio de unidad en las coaliciones. «Evitemos el vale todo», manifestó, en clara alusión a maniobras que podrían derivar en una desnaturalización del sistema de alianzas.
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE
COHERENCIA POLÍTICA
Breard hizo énfasis en la necesidad de garantizar transparencia y coherencia en el proceso electoral. En su opinión, el Decreto 1.260 «se aplica por aproximación a la voluntad de quienes piden boleta única con único gobernador e intendente». Para el Senador, el nuevo marco normativo se orienta hacia ese mismo espíritu de simplificación y orden.
Desde esta perspectiva, el legislador apeló a la «teoría del acto propio», una doctrina jurídica que impide a una parte contradecir sus propios actos anteriores cuando estos han generado derechos o expectativas en otros. «Ahora no se puede invocar múltiples candidatos a gobernador», sostuvo.
En relación con el principio de igualdad electoral, aseguró que el decreto no lo vulnera. «La igualdad no se rompe, es para todos», expresó, al remarcar que la disposición se aplica de manera uniforme a todos los frentes y partidos políticos que compitan en las próximas elecciones provinciales.
El legislador también destacó que el texto busca «evitar la desnaturalización del voto» y evitar que se distorsione el vínculo entre electores, candidatos y alianzas. Según su planteo, permitir múltiples postulaciones a la gobernación dentro de un mismo frente generaría confusión en el electorado y erosionaría la legitimidad del proceso.
Respaldo legal
En cuanto a la constitucionalidad del decreto, Breard expresó su convicción de que la norma «pasa el test de constitucionalidad» sin dificultades. No obstante, aclaró que «somos respetuosos de quien tiene la última palabra: la Justicia, de quien respetaremos su decisión».
Este aspecto resulta relevante en el actual escenario correntino, donde algunos sectores de la oposición han cuestionado la validez del Decreto 1.260 y han recurrido a la vía judicial para plantear su impugnación. Breard reconoció este derecho como parte esencial del Estado de Derecho. «El Estado de Derecho funciona, pues los interesados pueden recurrir a la Justicia en sus distintas instancias y estrados si es que sienten afectados sus derechos», explicó.
Según el Senador, la existencia de un marco legal claro y la posibilidad de someterlo a revisión judicial son garantías fundamentales de la democracia provincial. Desde su punto de vista, el decreto ofrece claridad jurídica en lugar de una dispersión normativa a la que calificó como «una hidra», en referencia a un sistema sin orden ni unidad.
«Sin decreto, la reglamentación quedaría como un animal de varias cabezas», advirtió. Para Breard, esta figura gráfica representa los riesgos de permitir que una misma alianza respalde a varios candidatos a gobernador, lo cual considera una anomalía del sistema.
Organización electoral
Breard también defendió la idea de que el decreto permite «la creación electoral de una sola cabeza», es decir, unificación y claridad en la oferta política dentro de cada alianza. De acuerdo con su visión, esto fortalece el vínculo entre la ciudadanía y las estructuras partidarias al establecer una única referencia para el electorado.
Remarcó que este enfoque apunta a preservar la lógica de las coaliciones como agrupamientos programáticos coherentes y no como meras sumatorias electorales.
En ese sentido, consideró que el decreto colabora con este objetivo al impedir situaciones en las que una misma coalición se divida en torno a distintas candidaturas ejecutivas.
La creación de un vínculo jurídico estable, según el Senador, es esencial para fortalecer la institucionalidad del proceso. Al respecto, remarcó que la normativa contribuye a «ordenar» el escenario electoral provincial en un año marcado por la fragmentación de fuerzas y la redefinición de alianzas.
Criterios de legitimidad
El Senador radical concluyó su intervención subrayando que el Decreto 1.260 no busca restringir la participación política, sino garantizar reglas claras para todos los actores del proceso. En su lectura, se trata de una norma que refuerza la previsibilidad institucional en tiempos de alta complejidad política.
La disposición, sostuvo, no impone una visión partidaria ni favorece a un espacio en particular, sino que establece condiciones de competencia equitativas. «Es para todos», reiteró, haciendo hincapié en el carácter general de la norma.
Breard remarcó que mantener la integridad del sistema de alianzas es clave para la consolidación del proceso democrático en Corrientes. Señaló que la ciudadanía debe contar con información precisa, reglas claras y estructuras coherentes para ejercer su derecho al voto con plena conciencia.
Finalmente, reafirmó que el oficialismo está dispuesto a aceptar lo que determine la Justicia. «Sin dudar, este decreto pasa el test de constitucionalidad», reiteró, pero, agregó: «Respetaremos la decisión de la Justicia».