El Concejo Deliberante analiza un ambicioso proyecto para erradicar esa modalidad de movilidad a través de una transición planificada. La iniciativa establece un registro obligatorio de recuperadores, controles sanitarios para los equinos y un programa de reconversión laboral.
En un paso significativo hacia la modernización urbana y la sensibilidad social, el Concejo Deliberante de Monte Caseros analiza un proyecto de ordenanza que busca la erradicación progresiva de la Tracción a Sangre (TAS) en la ciudad.
La iniciativa, impulsada por el bloque oficialista, no propone una prohibición inmediata y punitiva, sino un proceso de reconversión laboral que atienda la vulnerabilidad de las familias recolectoras mientras se garantiza el fin del esfuerzo animal.
El proyecto, que se encontraba en tratamiento en Comisión, se presentó formalmente el jueves 7 de mayo y contaba con el visto bueno inicial de diversos sectores políticos.
El concejal Marcos Betancourt, en una charla con el diario EL LIBERTADOR, explicó que la propuesta surgió de la necesidad de abordar un «desafío grande» que afecta tanto a la seguridad vial como a la sanidad de los equinos.
UN REGISTRO CON CUATRO PILARES
El eje central de la normativa es la creación del Registro Municipal de Trabajadores de Tracción a Sangre, Salud Equina y Recuperadores Urbanos, el cual será obligatorio y gratuito. Betancourt detalló que este relevamiento no busca una persecución, sino obtener datos concretos para diseñar políticas efectivas de sustitución.
«El registro va a tener en cuenta cuatro cosas importantes», señaló el edil. En primer lugar, se analizará al dueño del carro, buscando «evitar que anden menores de edad» y relevando si poseen profesiones alternativas para estimular su inserción en otros rubros.
En segundo término, se dará prioridad al bienestar del animal, con la intervención de veterinarios que labrarán actas de estado general y controlarán las libretas sanitarias.
El tercer punto consiste en la inspección del vehículo, buscando que los carros estén numerados y cumplan con condiciones mínimas de seguridad para circular sin representar un peligro para terceros. Finalmente, se realizará una encuesta social profunda para determinar si la actividad es el único sustento del hogar, evitando afectar «el plato de comida en la casa» de manera violenta.
UNA CIUDAD SIN CARROS
El proyecto establece una hoja de ruta con plazos definidos para la transición. Se prevé que, a los 180 días de finalizado el registro, quede prohibida la circulación de carros en calles pavimentadas con parterre y en la zona céntrica de la ciudad. El objetivo final es alcanzar la prohibición total en un plazo máximo de 24 meses.
«El objetivo final es liberar al animal de esta actividad», afirmó Betancourt, destacando que el proceso debe ser gradual para ser exitoso. «Entendemos que este proceso tiene que ser gradual para que sea concreto», enfatizó, citando experiencias de otras ciudades como Concordia (provincia de Entre Ríos), donde la entrega de vehículos motorizados facilitó la transición.
Para sustentar económicamente este cambio, la ordenanza contempla la creación del Fondo Municipal Girsu (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y Reconversión TAS, que se integrará con partidas presupuestarias, aportes de la Provincia y lo recaudado por multas.
SEGURIDAD Y CONTROL AMBIENTAL
Más allá de la cuestión social, la iniciativa apunta a resolver problemáticas urbanas recurrentes. La identificación de los carros mediante numeración permitirá relacionar a los propietarios con posibles infracciones, como el arrojo de residuos en lugares no permitidos que fomentan la creación de microbasurales.
Asimismo, se busca reducir la siniestralidad vial, un punto crítico dado que estos vehículos circulan sin seguro ni responsabilidad civil ante accidentes. Al respecto, Betancourt manifestó la preocupación del funcionariado local ante tragedias evitables: «Es parte de lo que nos preocupa a nosotros como funcionarios, que tragedias así, pudiéndose evitar, se estén sucediendo todavía».
Con esta propuesta, Monte Caseros se encamina a un modelo de gestión que intenta equilibrar la protección de los derechos humanos de los trabajadores informales con el respeto por la vida animal, bajo la premisa de que una ciudad moderna no puede cimentar su economía en el sufrimiento animal.
Foto: gentileza Chelina Fernández