La puesta en funciones de la nueva unidad operativa reflejó una respuesta inmediata a los reclamos de productores e intendentes de la zona. La medida busca optimizar la labor policial, agilizar las tareas de prevención del abigeato y fortalecer la presencia institucional en un área estratégica para la actividad productiva de la región.
En la mañana de este lunes, el Gobierno provincial dio un paso decisivo en la consolidación de su política de seguridad interior, al dejar formalmente inaugurado el nuevo destacamento de la Policía Rural y Ecológica (Priar) en la localidad de Ramada Paso. El acto, emplazado sobre el corredor estratégico de la Ruta Nacional N°12, representó la culminación de una gestión articulada entre el Ministerio de Seguridad, las cúpulas policiales y los sectores productivos del departamento de Itatí, quienes venían demandando una respuesta institucional ante el incremento de hechos delictivos en la zona rural.
La ceremonia oficial fue presidida por el subjefe de la Policía de Corrientes, comisario general Walter Aceval, quien estuvo acompañado por el director general de Seguridad Rural y Ecológica, comisario general Gerardo Torres. Durante el encuentro, se procedió a la puesta en funciones del subcomisario Ramón Benítez, quien asumió la jefatura de la unidad con la misión inmediata de operativizar los recursos para la prevención del delito.
La presencia de los intendentes de Ramada Paso, Salvador Puyol y de Itatí, Francisco Romero, subrayó el fuerte respaldo político a una medida que se interpreta como una señal de descentralización y cercanía del Ejecutivo hacia las demandas del Interior.
RESPUESTA
INSTITUCIONAL
La habilitación de este enclave policial representa el resultado directo de una acertada gestión llevada a cabo desde el Ministerio de Seguridad. Apenas unos días atrás, el clima de incertidumbre entre los pequeños y grandes productores de la región había motivado un encuentro multisectorial de carácter urgente en las dependencias de la Basílica de Nuestra Señora de Itatí. En aquella oportunidad, el cónclave funcionó como un hito de cooperación interinstitucional al congregar al sector público, las fuerzas de seguridad y el clero bajo un objetivo común: garantizar la integridad del patrimonio productivo.
En aquella reunión, que contó con la mediación del rector padre Claudio Muñoz, se elaboró un petitorio conjunto que fue elevado con carácter de urgencia al ministro de Seguridad, Adán Gaya. La celeridad en la respuesta ministerial permitió que, en menos de un ciclo de 24 horas, la voluntad política se transformara en una disposición operativa concreta. Acerca de esta dinámica, fuentes gubernamentales señalaron que la seguridad rural requiere de un enfoque diferenciado del patrullaje urbano, priorizando la movilidad y el conocimiento del terreno para combatir eficazmente el abigeato y la faena clandestina.
Estrategia en el territorio
El nuevo destacamento funcionará en el edificio donde anteriormente se encontraba la Comisaría de Ramada Paso, una decisión que permite optimizar los recursos existentes y garantizar una implementación inmediata del servicio. La ubicación es neurálgica, ya que se sitúa como un cerrojo en el acceso a los parajes más vulnerables, permitiendo un control eficiente del flujo vehicular entre las rutas principales y los caminos vecinales que conectan las explotaciones ganaderas.
Esta unidad especializada contará con personal capacitado específicamente en las problemáticas del campo. La intención oficial es que el puesto funcione como un eje transversal de gestión, donde la interacción permanente con el productor sea el termómetro para evaluar el éxito de la vigilancia.
Acerca de la logística de esta unidad, se prevé que la cobertura de 24 horas sobre este nudo de tránsito contribuya al ordenamiento social y también a brindar seguridad en una zona de alta sensibilidad turística y religiosa, debido a su cercanía con el centro itateño.
Las respuestas que se esperan
Semanas atrás, en el predio de la Sociedad Rural de la Cruz, se realizó una segunda reunión con las autoridades del Ministerio de Seguridad, los altos mandos policiales y representantes de las sociedades rurales de Santo Tomé, Alvear, La Cruz y Paso de los Libres.
Uno de los puntos fue la necesidad de dar respuesta a la zona de Alvear, la cuna del delito, que hoy es zona liberada con grandes extensiones ocupadas por los cuatreros a lo largo del Aguapey, y miles de cabezas sin procedencia legal que ellos reivindican como propias y que, de hecho, eluden la política sanitaria que determina la obligatoriedad de la vacunación antiaftosa.
Se requirió la reposición del puesto de Pancho Cué inaugurado en 2007 y luego abandonado, sin que las sucesivas promesas de los últimos años de rehabilitarlo nunca fueran cumplidas.
Pancho Cué es el punto neurálgico del abigeato. Allí conviven 25 familias vinculadas a ese delito que cuentan con asistencia profesional en los casos en que son detenidos, haciendo realidad aquello de la puerta giratoria de los juzgados, con fiscales que las más de las veces distan de poner el empeño necesario.
En el marco de la reunión de referencia, un productor ofreció donar 10 hectáreas y entregar en comodato el resto de un campo de 200 hectáreas para que la Policía Rural se anime a tomar como cabecera de playa de operaciones en el terreno, que apunte a lograr que las cerca de 55.000 hectáreas de campo hoy abandonadas vuelvan a ser productivas, luego de que el Estado ejerza el poder de la Policía hoy ausente.
Este y otros reclamos están en carpeta del Ministerio que, seguramente en la próxima reunión, dará cuenta de los progresos logrados.
Fortalecimiento del tejido social
La inauguración del destacamento en Ramada Paso se percibe como una ratificación de que la inversión en seguridad es un pilar de la administración provincial.
Es así que, el acto de este lunes marcó el inicio de una etapa de mayor control territorial en el Norte provincial. La puesta en marcha de la base operativa del Priar busca, fundamentalmente, acortar los tiempos de intervención policial y generar un efecto disuasivo permanente.
Con esta medida, la Provincia apunta a consolidar un «blindaje» en los corredores productivos, evitando que la burocracia dilate las soluciones necesarias para un sector que convive con la amenaza de la inseguridad en los caminos rurales y las estancias de la región.