Los $140 millones de la polémica

Desde un portal de noticias, informaron este lunes que el Gobierno correntino había rubricado un decreto (el N° 188/2022) el pasado miércoles 2 (ver gráfica), mediante el cual se habilitaba un fondo especial de 140 millones de pesos para la realización de los corsos en el territorio provincial, incluida la Capital.

Esta novedad fue la comidilla del lunes, puesto que en las redes sociales generó ofuscación que se diera prioridad al evento carnestolendo en medio de la crisis por los incendios, añadiéndole más polémica por la cifra destinada. Parte del pedido para la erogación de recursos que trascendió, señala: «Con destino a solventar gastos que demanda la realización de los carnavales correntinos 2022 (montaje de infraestructura, palcos y tribunas, audio unificado, baños, desagote y limpieza de carros de sonido, etcétera)», el cual fue dirigido al Subsecretario de Promoción de Iniciativa Privada y Gestión Administrativa.

LA ABROGACIÓN

Ayer, desde Provincia se ocuparon de advertir que hay una evidente intencionalidad política desde la oposición, que se apoya en algunos medios para generar controversias. La bronca oficial se debió a que dicho decreto fue anulado dos días después de haberse rubricado. O sea, el viernes 4 (ver gráfica).
Mediante el Decreto N° 198, Valdés resuelve que se abrogará el 188, dejando sin efecto los 140 millones de pesos para los gastos de los Carnavales de Corrientes.
Por lo pronto, las chicanas políticas parecieran arreciar conforme se mantiene la catástrofe por los incendios. Desde Nación y Provincia se miran de reojo, mientras actores locales se encargan de echar más leña al fuego.

Los carnavales siguen en el candelero

En los últimos días, el Gobierno debió atender una andanada de críticas por decisiones que causaron irritación en medio de los incendios. Valdés dio su visión. Defendió el derecho de vacacionar en Punta del Este en enero, aludiendo a que hacía dos años no salía. Defendió la realización de los carnavales mientras la Provincia ardía en llamas. Parece lógico que quien está al frente de la administración tenga su propio criterio, más allá de que hay decisiones que en la opinión pública no son fáciles de asimilar.
En las últimas horas, se puso sobre el tapete un decreto que autorizaba un gasto de 140.000.000 de pesos destinado a los carnavales, lo cual llegó a esta redacción como otras informaciones, muchas de las cuales, luego de ser chequeadas son descartadas por ser «pescado podrido». Es el rol de la prensa responsable. Lo cierto es que, entendiendo que podría no ser cierto, antes de publicar se recurrió al Boletín Oficial de la Provincia donde, ineludiblemente, deben tomar estado público las decisiones del Poder Ejecutivo como las leyes y otros actos relevantes, como presupuesto de su vigencia y legalidad. Al consultarlo, se advierte que el Gobierno no está cumpliendo con su obligación, en desmedro de la calidad institucional de su gestión. Un dato que preocupa y que sale a la luz con motivo del decreto que finalmente se supo que fue derogado por otro posterior, tampoco publicado.
Al ingresar a la página oficial, se comprueba que en los boletines de febrero están publicando aún decretos de diciembre de 2021. En el boletín del 14 de este mes se publicó el decreto por el que se otorgaron 34.000.000 a los Bomberos Voluntarios, que es posterior al de «la discordia», lo cual deja en evidencia que se ha salteado, publicando uno de fecha posterior.
Aún así, lo concreto es que existió en el Gobierno, más allá de que no se haya perfeccionado, la decisión de un gasto que no pareciera acorde al momento que se vive, a las prioridades lógicas de la coyuntura y al hecho que se entendía que la realización de los corsos corría por cuenta de la iniciativa privada, que supuestamente debía asumir los costos y beneficios de su realización.
Así las cosas, la decisión del gasto aparecería como un velado subsidio que deja tela para cortar.
Con todo esto, lo cierto es que este episodio ha revelado que el Gobierno no está publicitando sus actos como corresponde, lo cual es preocupante. Es que los decretos, todos, deben ser publicados en orden cronológico, en cuanto a su numeración y correlación en las fechas, sin excepción alguna.
No es un hecho menor y llama a la reflexión.

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