El proyecto, que se encuentra en análisis de comisión, propone la radicación de estaciones locales de faena controladas para proteger la rentabilidad de los pequeños productores. Asimismo, la normativa introduce un estricto protocolo preventivo articulado con las fuerzas de seguridad para asfixiar el comercio ilegal de ganado que prolifera en distintos puntos del territorio provincial.
02-TAPA-POLITICA-OK-4En la Legislatura correntina se impulsa un proyecto de ley estratégico para reconfigurar el mapa productivo y la seguridad rural de Corrientes, mediante la creación de un régimen de promoción de mataderos de excepción de pequeña escala. A través de esta iniciativa parlamentaria, su autor, el diputado provincial Edgar «Egui» Benítez, busca encontrar una solución de raíz al aislamiento logístico que sufren los pequeños productores minifundistas de parajes y colonias rurales, al ofrecer bocas de faena oficiales dentro de sus jurisdicciones.
Este esquema apunta a consolidar la soberanía alimentaria local, minimizando los riesgos de salud pública a través de minuciosos controles bromatológicos, a la vez que establece un riguroso cerco administrativo frente al abigeato, un flagelo que golpea con dureza las economías agrarias de la provincia.
El proyecto (Expediente Nº 20.171) se encuentra para su análisis en la Comisión de Producción, Industria, Comercio y Turismo de la Cámara de Diputados, cuerpo presidido por Sofía Brambilla y que completan Natalia Romero, Lucía Pereyra, Adriana Vidal Domínguez y el propio autor del proyecto.
Las deliberaciones de los parlamentarios giran en torno a una necesidad largamente postergada por las comunidades rurales del Interior. Históricamente, la aplicación rígida de las normativas nacionales de control sanitario, concebidas bajo una lógica macroeconómica industrial para grandes plantas exportadoras, operó como una barrera insalvable para el pequeño productor ganadero de ovinos, bovinos, caprinos o porcinos. Sucede que la lejanía de las plantas centralizadas licúa las ganancias por el elevado costo del flete, empujando a los trabajadores agrarios a un cuello de botella complicado desde lo logístico y lo económico.
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CONTROLES
El impulsor de la iniciativa fundamentó la urgencia de dotar al sector de herramientas eficaces. «Someto a consideración de este cuerpo legislativo un proyecto de ley que apunta a resolver de raíz una de las demandas más postergadas de la ruralidad correntina», precisó Benítez, al sostener que la centralización atenta contra el arraigo de las familias del campo.
En su planteo, argumentó que Corrientes tiene la facultad constitucional de intervenir, dado que la ampara la Ley Federal de Carnes: «Nuestra provincia posee plena competencia constitucional para regular el tránsito local», aseguró el Diputado, quien, a su vez, indicó que el objetivo no es relajar las exigencias sanitarias, sino operativizar una flexibilización inteligente de la infraestructura.
La inviabilidad financiera actual no solo perjudica a las familias rurales, sino que arrastra de igual modo a las administraciones municipales, las cuales se ven imposibilitadas de subsidiar estos extensos trasvases debido a sus presupuestos limitados.
Un escudo frente a la faena clandestina
El aspecto medular del proyecto de ley radica en su articulación con la seguridad, condensado en el Artículo 3°, el cual instituye el denominado «Protocolo anti-abigeato y trazabilidad». Esta herramienta dispone que toda faena requiera de forma obligatoria la constatación presencial o digital de una guía de traslado local o documento de tránsito electrónico. A esto se suma la verificación física de marcas, señales o caravanas que acrediten la legítima propiedad por parte del productor inscripto, junto con el visado formal de las autoridades policiales rurales del Priar o inspectores municipales. El circuito cierra con exámenes ante-mortem y post-mortem a cargo de veterinarios locales para certificar la inocuidad de los alimentos y el control de zoonosis.
En busca de respuestas ante el crimen industrial
Esta fiscalización legislativa guarda relación directa con las constantes revelaciones surgidas de las investigaciones de EL LIBERTADOR respecto de la problemática delictiva provincial. El exhaustivo trabajo de este medio a lo largo del tiempo demostró cómo el abigeato mutó en Corrientes de ser un hurto tradicional de subsistencia para transformarse en una industria criminal de escala millonaria, un verdadero negocio del hambre que explota de manera sistemática la vulnerabilidad de la ruralidad.
Las redes delictivas organizadas aprovechan la dispersión geográfica y, fundamentalmente, la histórica carencia de mataderos locales regulados para canalizar la hacienda sustraída hacia bocas de expendio informales o carnicerías urbanas que operan fuera del radar fiscal.
Al ofrecer a los productores rurales una opción de faena oficial, ágil, cercana y con tarifas diferenciadas mediante el Registro Nacional de la Agricultura Familiar, el proyecto de ley no solo busca abaratar costos de logística, sino que también apunta a quitarle de raíz el oxígeno económico al circuito clandestino y dotar al Estado provincial de un control territorial absoluto sobre la trazabilidad de la carne.
La ofensiva de seguridad implementada a escala provincial se apoya firmemente en el despliegue del cuerpo policial especial del Priar, fuerza que funciona como un verdadero escudo rural en las zonas calientes de la provincia, interactuando de manera cotidiana con los productores para desarticular estas bandas que operan con logística de avanzada, vehículos de gran porte y armamento moderno. Paralelamente, la Justicia de Corrientes viene impulsando mega causas de relevancia institucional que evidenciaron la complejidad del entramado criminal, donde a menudo conviven desde transportistas informales hasta cómplices en eslabones comerciales consolidados. En este complejo escenario judicial y policial, la debilidad radicaba en la falta de una herramienta administrativa que ordenara la base de la pirámide productiva, un vacío que la legislación propuesta por «Egui» Benítez pretende clausurar definitivamente.
Al integrar de manera formal al Priar y a los inspectores de Bromatología municipal en la visación obligatoria de cada animal previo a su faena local, la nueva normativa erige un frente unido entre el Poder Legislativo, el aparato de Seguridad y la Justicia, blindando las fronteras de los pequeños productores y asfixiando el mercado negro.