Diputados, senadores y referentes del sector naviero renovaron desde Rosario el pedido a la Nación por recuperar la participación de los distritos provinciales, en el ente de control de la vía troncal. Analizaron las irregularidades del proceso, las disputas políticas y el impacto económico de la falta de definiciones. Finalmente, plantearon propuestas para un nuevo esquema de concesión más equitativo y eficiente.
02-TAPA-POLITICA-2El proceso de concesión de la Vía Navegable Troncal del Paraná atraviesa una situación crítica tras la fallida licitación declarada desierta el mes pasado.
Legisladores, productores y entidades civiles reunidos en Rosario exigieron un nuevo procedimiento que garantice mayor transparencia y participación provincial.
Las principales demandas se centraron en tres aspectos: reincorporar a las provincias en el ente de control, reducir la duración de la concesión y esclarecer las irregularidades detectadas en el proceso.
El encuentro tuvo lugar en la comisión de Puertos del Concejo Municipal de Rosario, una ciudad clave en la economía nacional por su posición estratégica en el comercio fluvial y su relevancia industrial.
Durante la reunión, también se expresó preocupación por los efectos de la reforma de la ley de cabotaje impulsada por el Gobierno de Javier Milei, la cual podría poner en riesgo miles de empleos en la marina mercante.
La situación actual de la Hidrovía es el resultado de una serie de decisiones políticas y administrativas que generaron controversias.
Representantes de diversos sectores coincidieron en la necesidad de revisar el marco jurídico vigente y modificar las disposiciones que limitaron la participación de las provincias en el control del corredor fluvial.
ELIMINACIÓN DEL
ENTE DE CONTROL
Y SU IMPACTO
Uno de los puntos más discutidos fue la disolución del Ente de Control de la Vía Navegable (Ecovina) mediante el Decreto 699/2024.
Entre los presentes, el diputado Germán Martínez indicó que esta medida respondió a la implementación de la Ley de Bases, que otorgó al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias para modificar o eliminar organismos estatales.
«El decreto derogado tenía un Consejo Directivo de 15 miembros, de los cuales siete eran representantes provinciales. Lo que hizo el Gobierno nacional fue eliminar la voz de las provincias», señaló Martínez.
En este contexto, el legislador propuso derogar el DNU 699 como condición necesaria para garantizar una mayor participación de las provincias en el proceso de licitación.
La falta de un ente regulador independiente ha generado preocupaciones sobre la transparencia y el control de las futuras concesiones.
Diversos sectores consideran que la centralización de decisiones en el Ejecutivo nacional afecta la equidad en la administración de la Hidrovía y limita la posibilidad de supervisión por parte de las provincias afectadas.
Las irregularidades del proceso licitatorio
La licitación fallida de la Hidrovía estuvo marcada por diversas irregularidades señaladas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
Según este organismo, el procedimiento presentó vicios significativos que comprometen su validez. Uno de los principales problemas fue la falta de competencia, ya que sólo se presentó un oferente, lo que puso en duda la transparencia del proceso.
Martínez señaló que el diseño del pliego generó suspicacias sobre un posible direccionamiento de la licitación. «La PIA advirtió que el proceso estaba viciado. Cuando se abrieron los sobres y hubo un solo oferente, el Gobierno se vio en un aprieto y decidió declararla desierta», explicó el legislador.
Por su parte, la diputada Germana Figueroa Casas (PRO) también cuestionó el proceso y la gestión del Gobierno en esta materia.
«Se pararon obras que podrían haberse realizado si la licitación se hubiese concretado antes. La falta de previsibilidad genera un impacto negativo en la competitividad del país», afirmó.
Disputas políticas
El fracaso de la licitación también evidenció tensiones políticas entre distintos sectores.
Iñaki Arreseygor, director de la Agencia Nacional de Puertos, acusó a Mauricio Macri y Guillermo Dietrich de haber saboteado el proceso a través de un lobby que contribuyó a su caída.
Desde el sector productivo, Javier Cervio, de la Bolsa de Comercio de Rosario, advirtió sobre las consecuencias de no contar con una concesión definida. «No tener la Hidrovía licitada y operando en condiciones óptimas representa una desventaja competitiva muy importante, especialmente para nuestras exportaciones», subrayó.
Por otro lado, el senador Marcelo Lewandowski destacó la importancia de incluir a las provincias en la toma de decisiones. «Estamos en un proceso sin claridad. Las provincias deben tener participación porque poseen la potestad sobre el lecho de los ríos y los estudios ambientales», sostuvo.
Propuestas para
una nueva licitación
Ante este panorama, los distintos actores involucrados plantearon diversas propuestas para mejorar el proceso de concesión de la Hidrovía. Una de las más recurrentes fue la necesidad de reducir el plazo de adjudicación, actualmente fijado en 30 años. Según los especialistas, este período resulta excesivo en un contexto de rápidos avances tecnológicos.
Juan Carlos Venesia, director del Instituto de Desarrollo Regional, consideró que «un esquema de 10, más 5 años es lo más adecuado». A su vez, enfatizó en la necesidad de contar con un órgano de control independiente para garantizar la transparencia en la gestión del corredor fluvial.