En la ciudad de Corrientes existe un espacio verde que se considera una joya para la flora autóctona. Se trata de la Reserva Natural Santa Catalina, un terreno en el que se trabaja de manera intensa por la preservación de especies arbóreas nativas. Es al mismo tiempo, una apuesta a futuro por una mejor calidad ambiental para los vecinos de la Capital. Ahora, una decisión judicial pone en riesgo toda esa importante labor ya que un particular podría quedarse con casi la mitad de este espacio.
El predio total de Santa Catalina, ubicado en la zona Sur de la Capital y que tiene una extensión total de 2.387 hectáreas, fue donado a la Municipalidad de Corrientes por parte del Estado nacional en 2012. Al año siguiente, la Comuna puso en marcha el proyecto urbanístico que lleva el mismo nombre y en el que está comprendida la Reserva Natural que ocupa 95 hectáreas que lindan con el río Paraná y el arroyo Pirayuí.
El asesor legal de Municipio, Walter González Acevedo explicó a EL LIBERTADOR que el problema en ese espacio viene de 2003, cuando el terreno todavía le pertenecía a la Nación. Ese año, José Oscar Giguer presentó un plano de mensura en Catastro aduciendo que 35 hectáreas del sector que hoy ocupa la reserva eran de su pertenencia. Esto motivó a que ya en 2005 se iniciara un juicio de prescripción adquisitiva ante el Juzgado Federal. Sin embargo, cuando la titularidad del predio pasó a dominio municipal, el expediente pasó a órbita provincial en el Juzgado Civil y Comercial Nº 6, a cargo de la doctora Sonia Elizabeth Filipigh.
INESPERADO
La causa se trabó por diferentes motivos y en 2012, Giguer le cedió los derechos a otro particular, de apellido Sotelo que es quien ahora obtuvo de parte de la Jueza, una medida cautelar que le autorizaría a ingresar con personas, con vehículos, materiales y demás a la reserva. «Este juicio tiene 16 años desde que comenzó. Nos sorprendió que faltando días para que finalice con la nueva modificación del Código se haya resuelto esta cautelar que le permite a esta persona entrar y hacer lo que quiera en esa parte de la reserva», dijo el letrado.
La preocupación de la Municipalidad es que, al tratarse de un juicio de prescripción adquisitiva en la que se probó que no hubo una posesión del terreno por parte de este particular en todos esos años, permitirle el ingreso ahora, sería como darle la oportunidad para que realice alguna modificación en el espacio. «Nos preocupa esta actitud de la jueza. No se trata de algo que perjudique sólo al Municipio, es algo que perjudica a todos los contribuyentes porque podrían ser 35 hectáreas menos de una reserva natural que es de todos», agregó González Acevedo.
Además, otra cuestión que no se tuvo en cuenta es que, el espacio que Sotelo dice que le pertenece está rodeado por otros que son de la Municipalidad. Por lo tanto, para que esta persona ingrese, la Comuna debe permitir que pase por sus terrenos. «Es como decirme a mí que deje pasar a un desconocido por mi propiedad porque alega que el camino de acceso es público cuando en realidad es privado», mencionó el asesor municipal.
Con esta sorpresiva medida, apelada por la Comuna, ahora resta esperar la definición judicial con la audiencia final oral que tendrá lugar la semana próxima. Allí, la Municipalidad solicitará se tengan en cuenta las pruebas que demostraron que en todo este tiempo nadie tomó posesión del predio. «Se ofrecerá la declaración de los testigos, y hacemos el alegato en forma oral. Esto habilita a que la Jueza dicte la sentencia en un plazo no mayor a 30 días», dijo el abogado.
Para cerrar, insistió: «El daño ambiental que puede causar esta persona con su ingreso al predio es algo que no se va a poder recuperar».
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