El aumento del 45.85 por ciento dispuesto recientemente por el Gobierno nacional para el precio de las garrafas de gas ya se siente en Corrientes y en algunos puntos de venta el valor del tubo de 10 kilos supera los 2.000 pesos, pese a que el precio de la recarga quedó fijado en 1.100 pesos.
En la Capital provincial, el precio de la garrafa de 10 kilos llegó a los 1.100 pesos en las estaciones de servicio YPF y centros de distribución de todas las marcas, mientras que con envío a domicilio el precio ronda los 2.000 pesos.
Donde se superó la barrera de los 2.000 pesos, fue en los kioscos y puntos de ventas informales que se encuentran en los barrios, donde el cilindro más pequeño puede llegar a costar hasta 2.300, precio que queda a criterio de los comerciantes ya que las autoridades sólo regulan los valores en las plantas de distribución.
Vale recordar que la Secretaría de Energía de la Nación dispuso el incremento de los precios máximos de referencia para las garrafas comprendidas en el Plan Hogar. Dicho incremento, retroactivo al jueves 1, corre para los segmentos de producción, distribución, fraccionamiento y venta al público del gas butano y propano envasado en garrafas.
La suba responde, según el argumento oficial, a «la variación experimentada en los valores asociados a la producción de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y a los costos observados en los segmentos de fraccionamiento, distribución y comercio minorista».
Esto teniendo en cuenta que la cadena del gas envasado viene acumulando tensiones a raíz de los aumentos de costos y los precios atados a las autorizaciones oficiales. El mes pasado, la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (Cegla), junto con la de Operadores y Distribuidores de Gas Licuado (Codigas) y la de Distribuidores de Gas Licuado (Cadigas) realizaron movilizaciones en varios puntos del país para reclamar subas de precio y mayor agilidad en el cobro de compensaciones que reciben las empresas.
Las empresas del sector reclamaban que el precio del tubo de 10 kilos sea de 2.100 pesos para la venta directa a los consumidores, sin contar intermediarios ni fletes, algo que finalmente no fue aceptado por las autoridades nacionales que dispusieron un valor bastante menor.
En la norma publicada este viernes, el Gobierno explicó que se trata de «propender a que el precio al consumidor final resulte de los reales costos económicos de la actividad en las distintas etapas, de manera que la prestación del servicio se realice con las debidas condiciones de calidad y seguridad, siempre manteniendo la protección de los usuarios vulnerables a través del Programa Hogar».
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