Durante la mañana del martes 10 trasladaron a un campo a los 198 animales que se hallaban en la Sociedad Rural de La Cruz. Fue bajo la supervisión del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) en la estancia Santa Úrsula. Los animales no habían podido ser identificados por sus propietarios.
La identificación se hizo en enero e incluyó la devolución de los animales a sus propietarios, ya en ese momento, se solicitó que la hacienda no reclamada fuera trasladada a un campo del Inta ubicado en Santo Tomé hasta que se resuelva la situación judicial. De esta forma se logró realizar el traslado efectivo, para evitar que fallezcan por falta de alimentos.
La situación había escalado a la órbita nacional, con medios con el diario La Nación exponiendo el letargo judicial para accionar al respecto. Fue tras la muerte de 12 ejemplares debido a la falta de pastura en los corrales de la Sociedad Rural.
Se mostró la inquietud de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, desde donde se denunció la inacción del fiscal Facundo Sotelo y se exigió el traslado urgente de la hacienda a predios del Inta para evitar nuevas pérdidas.
LA MEGA CAUSA QUE ORIGINÓ TODO
La «mega causa» por abigeato que sacudió a la localidad de La Cruz ocurrió en enero de este año. Fue expuesta en detalle por las páginas de EL LIBERTADOR donde se remarcó que se trató de un modus operandi reiterado en la zona y, en este caso, con implicados ya conocidos por hechos de similares características.
Esto derivó en una serie de exitosos allanamientos informados por este medio -que desnudaron un esquema de «abigeato industrializado» y permitieron el secuestro de tropas completas en campos de la zona-.
Fue así que la Sociedad Rural de La Cruz quedó constituida como depositaria judicial de los animales. Sin embargo, la magnitud del recupero planteó un desafío logístico urgente.
Los animales permanecieron en corrales sin pasto suficiente para su alimentación, lo que se tradujo en un riesgo para su salud. De las casi 250 cabezas secuestradas, 65 fueron restituidas a sus propietarios casi de inmediato. Sin embargo, 198 animales quedaron alojados y, con el paso del tiempo comenzaron a morir.
Los referentes ruralistas manifestaron su profunda preocupación y rechazo ante lo que consideran una inacción por parte del fiscal Facundo Sotelo (como se observa en el video).
«Rechazamos la pasividad del fiscal Sotelo quien no toma la decisión de su traslado, cuando se le ha allanado el camino, gestionando un lugar», aseguraron en el comunicado emitido por la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes.
Los denunciantes responsabilizaron directamente al fiscal por la situación de abandono de los animales y hacen un llamado urgente a la intervención judicial para evitar su muerte.
Desde la Sociedad Rural, precisaron que cuando en enero se hizo la identificación que incluyó la devolución de los animales a sus propietarios, se solicitó que la hacienda no reclamada fuera trasladada a un campo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) ubicado en Santo Tomé -un predio recuperado del narcotráfico- donde podría continuar alimentándose hasta que se resuelva la situación judicial.
El letargo de la Fiscalía y el reclamo de los productores fue tal que alcanzó vuelo nacional y tuvo repercusión en medios como el diario La Nación.
(Con parte de la información de Digital Santo Tomé)