Tal como anticipó EL LIBERTADOR al día siguiente de la derrota electoral de 2021, más que mirar que haría Cristina había que mirar que hacía la Corte Suprema. Desde entonces alumbró varias decisiones de alto impacto. En sus ediciones del martes 30 de mayo y jueves 1, se insistió en ello y se adelantó una decisión contraria a la reelección de Sergio Uñac que se verificó días después. Por estas horas, la Corte avanza en búsqueda del consenso para constituir mayoría sobre el caso de Formosa, asunto diferente al de Tucumán y San Juan.
Luego de cerrar el paso a Juan Luis Manzur y a Sergio Mauricio Uñac, la Corte exhibe su acuerdo semanal donde los jueces se reúnen y debaten como una muestra de esa tolerancia. Ahora debe, con ese clima interno, analizar el caso de Formosa, donde ya en el pasado rechazó dos cuestionamientos sobre su sistema electoral.
Tal como se adelantó, compelido por los tiempos electorales y la necesidad de dar certeza, el Tribunal trabaja en la convicción de la necesidad de bajar una línea clara, que sea una señal explícita, respecto al carácter excepcionalísimo que tiene el avocamiento de la Corte Suprema. Con base en este concepto quedaría reafirmado el criterio claramente restrictivo de la Intervención de la máxima instancia judicial del país.
El máximo cuerpo va consolidando el criterio de la imposibilidad de reelecciones indefinidas, más allá que estén consagradas en las respectivas provincias. Apunta a fijar la preeminencia de la Constitución nacional, de la que se puede inferir que una previsión en tal sentido contrariaría la norma madre, aunque en el caso específico de Formosa, lo mas probable es que se rechace el pedido del diputado Fernando Carbajal, presentado antes de que Insfrán fuera formalmente ungido como candidato a gobernador, lo que ocurrió el lunes 22 de mayo pasado.
Entendería el alto Tribunal que la vía elegida no habilita la intervención directa de la Corte en una suerte de per saltum. Con todo de sus considerandos podría quedar claro que, los que se sientan afectados pueden pedir el análisis de la Constitucionalidad de la Provincia, agotando las instancias provinciales para, oportunamente, avocarse la Corte para la cual existiría caso federal suficiente que habilite su intervención conforme a los criterios que viene fijando, en un derrotero que apunta a terminar con los feudos provinciales.
Estaría claro que no sería en esta oportunidad, pero dejaría la puerta abierta para su intervención futura, en tanto se sigan los procedimientos que hacen a un recurso de excepción como interprete final de la Constitución nacional que es.
EL CASO DE LOS
INTENDENTES BONAERENSES
Por otra parte, los supremos también analizan la re-reelección de los intendentes bonaerenses, sobre un pedido que ha sido impulsado por el Partido Política Abierta para la Integridad Social (País), y que incluye la posibilidad de suspender las Paso en la provincia en caso de que no se resuelva la situación a tiempo.
El abogado que impulsó el pedido, Andrés Gil Domínguez, comentó al respecto que «si uno sigue los lineamientos de fondo, esa ley es inconstitucional por regresiva y por desigualitaria. Y una de las bases del republicanismo es la igualdad ante la ley». Asimismo, continuó expresando que «si se proyecta lo que dijo la Corte sobre el caso San Juan, da como resultado la inconstitucionalidad de esta ley. Lo único que podría pasar es que digan que, en este caso no hay competencia originaria y lo manden a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires».
La Corte ratificaría el criterio que sentaría en el caso Formosa, los impugnantes deben realizar antes el planteo ante los tribunales locales.
EL GOBIERNO VOLVIÓ
A RECHAZAR EL
PEDIDO DE FONDOS
Por su parte, el Gobierno nacional volvió a rechazar el pedido de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que le giren fondos que permitan pagar los aumentos salariales acordados para el Poder Judicial de la Nación. El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, envió una nota a los jueces del máximo Tribunal en la que sostuvo que ese incremento lo deben realizar con «los faltantes presupuestarios» que ya tiene asignados o «con recursos propios disponibles» de la Corte Suprema.
«La crítica situación de disponibilidad de recursos financieros del Tesoro Nacional debido al contexto mundial y macroeconómico local imperante, ha requerido, en primer lugar, que cada jurisdicción atienda sus necesidades con sus propios recursos disponibles», sostuvo Rossi en la nota.
En los hechos una decisión que podría considerarse poco inteligente de parte de oficialismo. Logra el efecto contrario al buscado. Abroquela al sistema judicial en su conjunto contra el Frente de Todos. En el ring no queda sólo la Corte, sino los camaristas, jueces, fiscales de todo el país, lo que se ha puesto de manifiesto por la declaración de la Asociación de Magistrados y funcionarios de la Justicia nacional. A ello se sumaría la Unión de Empleados de la Justicia que responden a Julio Piumato. Es que la negativa gubernamental afecta hasta el último empleado de los Tribunales.
La situación genera tensión en la Justicia, donde el gremio de empleados judiciales comenzó un plan de lucha por aumentos, y la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales de la República Argentina con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, también expresaron su rechazo.
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