Los ministros del más alto Tribunal del país decidieron dar otra vuelta de rosca a la controvertida relación latente con el Gobierno nacional. Esta vez lo hizo al disponer un aumento de sueldos para los judiciales sin que el Estado central le haya desbloqueado los recursos dinerarios para hacerlo.
Los supremos dispusieron un incremento de 9 por ciento para abril, un 9 por ciento para mayo y un 9 por ciento para junio; fue casi inmediatamente después de que la Jefatura de Gabinete rechazara la modificación de las partidas presupuestarias.
Se trata de un nuevo capítulo en una novela de entretelones que fueron advertidos por EL LIBERTADOR hace un año, cuando se hizo hincapié en la necesidad de poner especial foco en aquellas acciones que realizara la Corte y no tanto en otras cuestiones que desde la prensa nacional se intentaban instalar.
Fue entonces que en los últimos meses comenzó a notarse un contexto de pelea institucional (y política) permanente entre ambos núcleos del poder central.
Esta vez, se otorgó un aumento del 27 por ciento para los empleados judiciales, que se pagará en tres tramos iguales, con inicio retroactivo a abril, según la acordada difundida por los jueces del máximo Tribunal.
Lo singular de esta medida se da en que el propio documento que anuncia el aumento reconoce que el Poder Ejecutivo no giró aún los fondos para afrontarlo.
El texto de la Acordada 16 señala que se dispuso la liquidación y pago de un incremento salarial del 9 por ciento a partir del primero de abril de 2023, del 9 por ciento a partir del primero de mayo de 2023 y del 9 por ciento a partir del primero de junio de 2023, todos ellos remunerativos y bonificables, para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación.
El incremento sin el dinero de las partidas que se pidió al Poder Ejecutivo se dio «con el propósito de mantener el poder adquisitivo de los sueldos de todas las categorías del escalafón respecto de la inflación», señaló.
Explicó la Corte que «se ha solicitado a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación la modificación de las partidas presupuestarias vigentes y la disposición de los recursos financieros necesarios para afrontar el correspondiente incremento».
Dijo que la acordada se dictó en virtud de las atribuciones que le da el artículo 7 de la Ley 23.853, que establece los mecanismos del financiamiento del Poder Judicial y la autoriza a pedir la ampliación de las partidas presupuestarias.
La acordada lleva la firma de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, además de Damián Font, a cargo de la administración.
Lo previo a la estocada
Como se dijo, el conflicto entre la Corte y el Gobierno se dio por andariveles institucionales, pero representa una cuestión política expuesta ante todo el país.
Las tensiones siempre estuvieron, por algunos mensajes subrepticios del oficialismo nacional sobre intenciones rupturistas de la mesa decagonal del Palacio de Tribunales. Fue así que se acrecentó cuando se intentó avanzar con la reforma de la conformación del alto Tribunal. Lo que después tuvo su correlato en fallos adversos a los intereses del Gobierno nacional y que escaló a partir del juicio político contra los jueces que el kirchnerismo impulsa en Cámara de Diputados.
PEDIDO EN MEDIO DE LA TENSIÓN
En ese marco, la Justicia pidió tres veces al Ejecutivo que reasignara partidas presupuestarias para dar un aumento a los trabajadores judiciales y a los magistrados. Y el Gobierno le negó esos fondos.
A través de la Jefatura de Gabinete de Agustín Rossi, le indicó que debía satisfacer sus necesidades con los fondos anticíclicos de la propia Corte. Se trata de un fondo especial que tiene el máximo tribunal desde hace más de una década para atender emergencias.
Con reclamos al Gobierno, se involucraron en la pelea la Asociación de Magistrados, la Junta de Presidentes de Cámaras Federales de todo el país y el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, ya que los honorarios profesionales de los abogados se regulan por Unidades de Medida Arancelaria que están «enganchadas» como porcentaje del salario que perciben los jueces de primera instancia.
La Unión de Empleados de la Justicia Nacional, liderada por Julio Piumato, que había anunciado un paro para este jueves y viernes, comunicó este martes que se suspendía la medida de fuerza.
La Oficina de Presupuesto del Congreso registró que, si se compara la asignación de fondos al Poder Judicial del primer cuatrimestre de 2022 contra la de este año, el Gobierno envió un 4,4 por ciento menos de recursos al Poder Judicial (101.582 millones de pesos) y un 1,8 por ciento menos al Ministerio Público Fiscal (40.013 millones de pesos) en términos reales.
La Corte volvió a reclamar la semana pasada más partidas presupuestarias para recomponer los sueldos de los empleados y magistrados del Poder Judicial. «Esto no es para los sueldos de los jueces es para todo el escalafón, afecta desde el ordenanza al más bajo empleado de los tribunales», dijo un camarista Federal.
«Tenemos el agrado de dirigirnos al señor Jefe de Gabinete de Ministros en atención a vuestra contestación, recibida con fecha 19 de mayo (NO-2023- 57080579-APN-JGM), toda vez que de sus términos surge que no se ha dado respuesta al requerimiento formulado por esta Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante Oficio 108/23; por lo que resulta imperioso y necesario insistir en lo ya solicitado», sostiene el oficio que lleva la rúbrica de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
«Por lo expuesto -subrayó la Corte Suprema-, se reitera el pedido en el sentido que se disponga de las modificaciones en las partidas presupuestarias vigentes y la disposición de los recursos financieros necesarios, a efectos de otorgar para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación: 9 por ciento de incremento salarial a partir del 1 de abril de 2023; 9 por ciento de incremento salarial a partir del 1 de mayo de 2023; 9 por ciento de incremento salarial a partir del 1 de junio de 2023.
El Jefe de Gabinete les había dicho que debía rechazar el pedido ante la crítica situación del Tesoro Nacional y les sugirió enfrentar los aumentos con el «fondo anticíclico» creado para hacer frente a «situaciones excepcionales».
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