La Comisión Episcopal de Pastoral Carcelaria expresó su firme oposición a la propuesta de reducir la edad de imputabilidad a 13 años, e instó a los argentinos a soñar en grande al buscar justicia con «amor social» y «esperanza».
A través de un comunicado, la Comisión subrayó la necesidad implementar un nuevo régimen penal juvenil que promoviera el desarrollo integral de los menores, sin disminuir la edad mínima de imputabilidad.
La Comisión enfatizó el papel crucial que desempeñaron el entorno social y familiar en la prevención del delito. Señaló que cuando un menor incurrió en conductas delictivas, esto es indicativo de una falta de apoyo adecuado por parte de la familia, la escuela, la Iglesia, el Estado y la sociedad en su conjunto.
La Comisión, además, destacó que factores como la equidad, la exclusión y la pobreza deben ser siempre tenidos en cuenta por su impacto significativo en el conflicto con la ley.
Asimismo, se hizo hincapié en que el desarrollo cognitivo y psicológico de una persona no se completó hasta los 18 o 19 años, lo que limitó su capacidad para razonar, planificar y tomar decisiones críticas.
Este aspecto reforzó la idea de que bajar la edad de imputabilidad sería contraproducente, ya que no tendría en cuenta el proceso natural de desarrollo de los jóvenes.
Por otro lado, la Comisión instó a realizar un diagnóstico integral y exhaustivo de la situación de los menores que delinquen, considerando aspectos sociales, culturales, familiares y económicos.
Remarcpo que este análisis permitiría una intervención más efectiva por parte del Estado y subrayó la urgencia de un trabajo preventivo más comprometido.
UN ENFOQUE QUE NO VULNERE DERECHOS HUMANOS
En cuanto a la criminalización de los menores, la Comisión instó a reflexionar sobre si un criminal «nace o se hace». Abogó por un enfoque que permita a los menores desarrollar su potencial sin vulnerar sus derechos fundamentales, cuestionando así la efectividad de una mayor criminalización.
La Comisión enfatizó que los jóvenes deben ser incluidos en la sociedad, no encarcelados, y en que el encierro y las penas más duras no son soluciones efectivas para combatir la violencia.
De igual manera, la Comisión rechazó firmemente la reducción de la edad de imputabilidad, considerándola una medida superficial que no abordaba las causas profundas de la violencia. Argumentó que las estadísticas mostraban que los delitos cometidos por adolescentes entre 14 y 16 años eran mínimos, y que las normativas internacionales recomendaban mantener una edad mínima alta para la imputabilidad.
LA ESPERANZA ES UN MOTOR FUNDAMENTAL
La Comisión insistió en la necesidad de haber pensado en un futuro mejor para los niños y jóvenes, guiados por la esperanza que todo lo arrastraba y que visualizaba un mundo más justo para todos.
En la misma carta, la Comisión recuerda que monseñor Jorge Lozano y otros obispos reafirmaron su rechazo a la reducción de la edad de imputabilidad. La Iglesia Católica defendió la prevención como la mejor estrategia para abordar el problema del delito entre menores y reafirmó su compromiso con la realidad carcelaria.
Finalmente, la Comisión Episcopal de Pastoral Carcelaria se comprometió a seguir trabajando por un mundo donde todos tuvieran las mismas oportunidades y posibilidades de crecimiento. Reiteró su negativa a la baja de la edad de imputabilidad y abogó por un enfoque que fomente vida digna y llena de esperanza para todos.