La conducción en pleno de un bloque opositor -en este caso los diputados de Juntos por el Cambio-, presentó un pedido de juicio político contra un Presidente.
Lo hizo a sabiendas de que no tiene la mayoría agravada -dos tercios de los miembros presentes- para avanzar efectivamente sobre Alberto Fernández: de lo contrario, difícilmente lo hubiese impulsado.
«Si en este clima de agitación política se le abriese el juicio político a Alberto Fernández con el voto opositor en el Congreso la conmoción sería total. Seríamos, además, funcionales a la estrategia del Gobierno y de Cristina Kirchner, que quiere instalar que el peronismo es víctima de una persecución política y judicial», se sinceró un encumbrado dirigente de Juntos por el Cambio, promotor -paradójicamente- del pedido de enjuiciamiento al Jefe de Estado.
La estrategia de solicitar el juicio político al Presidente se gestó temprano por la mañana, luego que referentes del ala dura de Juntos por el Cambio insistieran con abarrotar los tribunales con denuncias penales contra el Presidente por sus críticas al fiscal Diego Luciani por su actuación en la causa Vialidad. «Era todo un desorden y los ‘talibanes’ de nuestro espacio estaban sacados», relatan referentes de la coalición. Finalmente, se encontró en la figura del pedido de enjuiciamiento, firmada por la conducción del interbloque en pleno, una salida elegante para responder a las ansias de los más duros, a sabiendas de que se trata de una medida simbólica.
En el texto, los legisladores acusan a Fernández por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones.
«Consideramos temerarias y amenazantes las declaraciones mencionadas [«Nisman se suicidó, espero que el fiscal Luciani no haga algo así»]; parecería que con ellas el Presidente de la Nación quisiera limitar o impedir la libertad de jueces y fiscales para que ejerzan su función con absoluta libertad en el marco de la ley como corresponde en un pleno estado de derecho», reza el texto de la presentación realizada por los legisladores opositores y que lleva la firma de Cristian Ritondo (PRO), Mario Negri (UCR), Rodrigo de Loredo (Evolución), Juan Manuel López (CC) y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), entre otros.
El proyecto opositor será girado a la Comisión de Juicio Político, que preside la oficialista Carolina Gaillard. El Frente de Todos cuenta con mayoría en esa comisión, por lo que es muy improbable que prospere. Además, el diputado Alejandro «Topo» Rodríguez, de Consenso Federal, también integrante de dicha comisión, no está de acuerdo con los fundamentos que esgrime Juntos por el Cambio para proponer el juicio político. «No podemos enjuiciar un Presidente por declaraciones periodísticas, sí por sus disposiciones de gobierno», sostiene.
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