Desde el Juzgado Federal N° 1 de Corrientes, a cargo del juez Juan Carlos Vallejos se hizo lugar a una medida cautelar planteada desde la Intervención del Partido Autonomista, marcando el territorio a un grupo de dirigentes calificados como integrantes del núcleo valdesista.
En concreto, la solicitud de la acción judicial busca detener el uso “no autorizado del nombre y símbolos del partido”, apuntando directamente a Silvia Galarza, Antonio Portel, Augusto Portel y Juan Acinas. También, el recurso planteado busca prohibir la usurpación de títulos y cargos partidarios.
Se trata de la Diputada provincial que integra la bancada oficialista, que ingresó con el sello del autonomismo, junto con el ahora ex titular de la fuerza, José Romero Brisco. Luego de un quiebre de éste con parte de la orgánica, a la que acusó de una llamativa permeabilidad para con los radicales que gobiernan, tanto Galarza como Antonio Portel (subsecretario del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia), Augusto Portel (ex apoderado partidario) y Acinas (subsecretario de Tránsito y Seguridad Vial de la Capital) se plantaron en explícita contra frente al Diputado que desde hace meses manifestó sus intenciones de ir por la Gobernación en 2025.
Se puede decir que el calendario electoral del año que viene agravó la judicialización de otro partido en Corrientes. Es que se tiene ya expuestas las fracturas institucionales dentro de la Unión Cívica Radical (entre Valdés y Ricardo Colombi), así como en el PJ (con dos interventores a punto de ser removidos), por lo que lo del PA añade otra sazón judicial camino a la pelea por el Sillón de Ferré.
Aunque en este caso, el autonomismo no se encuentra debatiendo por ser una opción de Gobierno, sino que hay un grupo agazapado tras las huestes del oficialismo radical con otro que gravita entre el kirchnerismo residual y dirigentes del Interior que no comulgan con la gestión valdesista.
LA CAUTELAR
Entre los argumentos señalados en el pedido de la cautelar, se hace hincapié a las publicaciones en redes sociales. Se menciona que los involucrados han recurrido a ellas utilizando el nombre y símbolos del partido, “lo que ha generado confusión entre los afiliados”.
Resulta conveniente recordar que el Partido Autonomista se encuentra intervenido desde el 11 de marzo de este año, siendo Juan Gabriel Noya, el interventor designado. Por lo que estas cuestiones, señaladas -aseguran- han complicado la normalización del mismo.
En cuanto a los fundamentos legales vistos en este entuerto judicial, la resolución se basa en la Ley 23.298, que regula los partidos políticos en Argentina, y establece que el nombre y símbolos de un partido son de uso exclusivo de sus autoridades constituidas.
De esta manera, la decisión del juez Vallejos hizo hincapié en ordenar la prohibición del uso del nombre y símbolos del PA por parte de los mencionados, así como la convocatoria a reuniones partidarias no autorizadas por el Interventor. Se exige una caución juratoria por parte del solicitante para proceder con la medida cautelar. Además, se intimó a los involucrados a cesar de tales actividades, bajo apercibimiento de ley.