En la última sesión de la Cámara de Diputados, ingresó un proyecto que propone una actualización del Código de Faltas de la Provincia de Corrientes, que fue implementado por la Intervención Federal de 2001 en base al del antiguo Código Policía que data del año 1901.
La norma actual fue establecida por la Intervención Federal y tras 20 años de su puesta en vigencia, al proyecto presentado en octubre de 2021, por parte de la diputada provincial Alicia Meixner, que propuso una actualización del Código pero que fue archivada en marzo de 2023, ahora un grupo de diputados volvió a insistir en la propuesta, con un nuevo expediente presentado en Diputados.
El mencionado proyecto que proponen fue elaborado sobre la base de cuatro pilares, orientados a controlar el empleo del poder punitivo contravencional y posibilitar que opere como una herramienta de pacificación comunitaria.
Se plantea el redimensionamiento de la materia contravencional, pues los tipos contravencionales son reformulados completamente, tomando en consideración conductas verdaderamente lesivas y habituales y suprimiendo tradicionales figuras notoriamente inconstitucionales vetustas e inaplicables. Se abandona el modelo tradicional de promoción pública de la acción contravencional, para establecer, como regla general, la instancia privada; se crea una etapa intermedia destinada a explorar las posibilidades de encontrar una resolución alternativa al conflicto contravencional; y refiere a la judicialización del conflicto contravencional con todos los recaudos del debido proceso legal.
La iniciativa legislativa que se propone deposita el caso contravencional en manos de la estructura judicial existente, asegurando la intervención del fiscal y la defensa técnica.
Uno de los pilares refiere a la judicialización del conflicto contravencional con todos los recaudos del proceso legal, debido a que uno de los principales obstáculos para la implementación de un régimen contravencional respetuoso del debido proceso legal ha sido la creación del fuero de la especialidad.
«El modelo que se propone, previo superar los numerosos filtros de legalidad que se crean (tipos contravencionales redimensionados, promoción de la acción dependiente de instancia privada, etapa intermedia y temprana de resolución alternativa del conflicto), deposita el caso contravencional en manos de la estructura judicial existente (justicia correccional y de paz), asegurando la intervención del fiscal y la defensa técnica», se concluye en el proyecto presentado en Legislatura.
.