El Gobierno de Corrientes y cámaras empresariales de distintos sectores abordaron una mesa de diálogo el impacto que tendrán los incendios y la sequía en el sector privado y sus implicancias para la economía provincial. En representación de la Provincia concurrió la ministra de Industria, Trabajo y Comercio, Mariel Gabur, quien escuchó atentamente y tomó nota de las consultas, pedidos y propuestas de los empresarios.
El encuentro se desarrolló en el salón de reuniones de la Asociación de Producción, Industria y Comercio de Corrientes y fue organizado por los privados para trasmitir su preocupación por las consecuencias que están provocando los incendios y la sequía.
En ese marco, solicitaron acompañamiento a aquellos sectores que actualmente no fueron directamente afectados por el fuego, pero que indirectamente se verán impactados.
Una de las preocupaciones de las cámaras se fundamentó en que el 50 por ciento de la mano de obra en el sector privado se concentra en el Gran Corrientes y, por eso, remarcaron la importancia de resguardar esas fuentes de trabajo. En ese sentido, ejemplificaron que el carnaval genera movimientos turísticos que se traduce en mano de obra e ingresos económicos para los correntinos.
«Pidieron fortalecer aquellas economías que están funcionando para que generen un equilibrio entre las que están fuertemente afectadas por el fuego y la sequía», dijo Gabur.
CONSECUENCIAS
Los empresarios manifestaron que estos acontecimientos van a impactar en toda la economía provincial en el futuro. Por eso pidieron que se traslade esa preocupación al Gobierno nacional para que contemple la situación y piense en medidas que impulsen al comercio y los servicios en Corrientes. Además, remarcaron que las consecuencias pueden provocar que para algunas empresas se torne insostenible seguir operando con el mismo número de empleados por el impacto negativo que tendrán.
Desde el sector empresarial, le solicitaron a Gabur que sea un nexo con la Nación para trasladar que la «fuerte presión impositiva» de la Afip genera rechazo porque tras dos años de pandemia y ahora ante la Emergencia Ígnea «no es momento para presionar impositivamente a gente que está tratando de salir adelante», señalaron los privados.
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