Se llevó a cabo un operativo preventivo en el paraje Batel, jurisdicción de Santa Lucía, como parte de las acciones de control sanitario y de seguridad alimentaria que se desarrollan en zonas rurales de la provincia. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Lavalle, fuerza especializada en la fiscalización de actividades vinculadas a la producción, comercialización y transporte de productos de origen animal.
En el marco de ese operativo, los efectivos inspeccionaron un comercio dedicado a la venta de carne, conocido como “Robledo”, donde se detectaron irregularidades de carácter sanitario consideradas de gravedad. La inspección formó parte de una verificación de rutina orientada a constatar el cumplimiento de las normativas bromatológicas vigentes, destinadas a garantizar la inocuidad de los alimentos que se ofrecen al público.
Durante el control, el personal actuante constató la presencia de aproximadamente 76,3 kilos de carne vacuna que no contaban con ningún tipo de sello sanitario oficial ni con certificaciones que acreditaran su control bromatológico. La ausencia total de documentación impidió establecer la procedencia del producto, así como verificar su aptitud para el consumo humano, lo que configuró una infracción a las disposiciones legales que regulan la cadena de comercialización de carnes.
La normativa vigente establece que toda carne destinada al consumo debe provenir de establecimientos habilitados y haber sido sometida a controles sanitarios oficiales, condiciones que no se cumplían en este caso. Cabe remarcar que la comercialización de productos cárnicos sin control representa un riesgo potencial para la salud pública, al no poder descartarse la presencia de enfermedades, contaminación bacteriana u otras condiciones que los tornen peligrosos para la población.
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y MEDIDAS ADOPTADAS
Ante la detección de las irregularidades, se dio inmediata intervención a la autoridad judicial competente. El fiscal Enzo López fue informado de la situación y dispuso las medidas correspondientes en función de lo establecido por la legislación penal y sanitaria vigente, priorizando la preservación de la salud pública y el resguardo de la prueba.
Por disposición del fiscal interviniente, se procedió al secuestro de la totalidad de la carne incautada en el comercio. El producto fue sometido a un peritaje veterinario con el objetivo de evaluar sus condiciones sanitarias y determinar formalmente su falta de aptitud para el consumo humano, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de actuaciones.
Una vez cumplidas las instancias periciales, se ordenó la incineración del producto secuestrado como método de disposición final, a fin de evitar cualquier posibilidad de reutilización o reintroducción en el circuito comercial.
En paralelo, se iniciaron actuaciones judiciales por infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino, que sanciona a quienes propaguen o comercialicen sustancias peligrosas para la salud pública. La causa quedó radicada en la órbita judicial correspondiente, donde se continuará con la investigación para determinar responsabilidades y eventuales sanciones.