En una jornada clave, donde el Concejo Deliberante capitalino se apresta a votar una actualización en el costo del boleto urbano, un sector del oficialismo y el bloque opositor presentaron sendos pedidos de informes, indagando en el financiamiento y en las condiciones del sistema de transporte público de pasajeros.
Así las cosas, concluiría hoy el maratónico proceso de suba tarifaria a un precio de 990 pesos desde el mes de mayo. El Parlamento comunal activó mecanismos excepcionales para aumentar el precio en tiempo récord, salteando etapas impensables según especialistas, como el proceso de doble lectura en el recinto.
El aparato jurídico de la Comuna sostiene que a eso lo habilita el Estado de Emergencia en el transporte público de pasajeros que declaró el mismo Concejo a pedido del Ejecutivo municipal; pero organismos como Usuarios y Consumidores alegan por el contrario que ninguno de estos protocolos pueden estar por encima de garantías constitucionales.
De ahí que es probable que esta decisión deba someterse a un proceso de judicialización. Mientras tanto entrará en vigor desde el mes entrante una tarifa que representa un incremento en 5 meses del 500 por ciento. Mediante un estudio que abarca desde marzo de 2014 a marzo de 2024 se registra que el precio del viaje en colectivo en la Capital correntina se multiplicó por 20, comparado con la inflación de la última década. En los últimos diez años, el boleto de colectivo pasó de 3,60 pesos a 690 pesos.
El Municipio y el Parlamento comunal apuraron la segunda actualización tarifaria en lo que va de 2024 urgidos por un conflicto gremial que activó un paro por tiempo indeterminado con reclamos salariales.
La gestión actual del Municipio capitalino, en línea con los empresarios, traslada los costos a los usuarios del servicio, calificado como «deficiente» por parte de las 120.000 personas que lo utilizan a diario. En la jornada de la audiencia pública pasada, la parte representante de la Cámara Empresarial advirtió que para mantener la tarifa superior a 1.000 pesos se deberá reducir en un 20 por ciento el servicio y en ese mismo porcentaje el costo laboral. Es decir, habrá menos colectivos circulando, generando más demora y espera para los usuarios.
Pedido de informe
En la esperada deliberación de hoy, el cuerpo parlamentario tratará el pedido de informe presentado por el bloque de Unión por la Patria, que hace hincapié en la entrega de subsidios del Estado provincial.
En el proyecto se insta a requerir al Departamento Ejecutivo Municipal gestione ante las autoridades provinciales la restitución de los subsidios al transporte a los niveles de diciembre de 2023, con ajuste por inflación acumulada correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo.
En la fundamentación del documento se explica: «El Gobierno nacional eliminó el Fondo Compensador del Interior que subsidiaba el valor del boleto del transporte público de pasajeros.
El mismo implicaba para la ciudad de Corrientes la suma de 203.076.009 pesos mensuales. El Gobierno provincial en diciembre de 2023 aportaba al sistema la suma de 245.228.786 pesos y actualmente aporta 185.449.935 pesos, lo que representa un recorte del 32 por ciento sin contar la inflación acumulada en el período. Los subisidios municipales se mantuvieron en los niveles de 2023 con un total de 56 millones de pesos a la oferta y 211 millones de pesos a la demanda.
Este último subsidio es el esfuerzo que realiza el Municipio y los pasajeros que abonan la tarifa plana para sostener el boleto estudiantil. El mismo se actualiza cuando se produce un incremento en la tarifa de boleto. Ahora, se pretende un nuevo incremento en la tarifa plana del orden del 43 por ciento, que acumulado con los aumentos escalonados aprobados en enero de 2024 representa un incremento en la tarifa del 395 por ciento en el lapso de 4 meses. En este contexto ningún trabajador ni estatal ni privado ha acompañado este incremento con su sueldo ya que la inflación acumulada en el primer trimestre del año alcanza más del 50 por ciento y es primordial que desde el Estado se tomen decisiones que no vuelquen en el usuario el costo total de la inflación y que se hagan los esfuerzos necesarios para amortiguar el impacto en las economías familiares».