La detención e interdicción de dos remolcadores de una empresa brasileña por parte de autoridades argentinas, con motivo del no pago del peaje de 1,47 dólares por tonelada al transporte de cabotaje que circule por el tramo Puerto de Santa Fe-Confluencia de la Hidrovía del Paraná, generó un gran malestar en el gobierno de Luiz Inácio «Lula» da Silva.
Como la Argentina es un aliado político y está atravesando un período electoral, es evidente que Brasilia no quiere tratar oficialmente el conflicto, aunque tampoco dejarlo pasar.
Por ese motivo, ayer la Cancillería de Brasil mostró su posición, de manera informal, a través de un artículo publicado por el medio brasileño Valor Económico.
«El gobierno brasileño, al igual que los demás Estados partes del Acuerdo Hidrovía Paraguay-Paraná afectados por nuevo peaje cobrado por la Argentina, cuestiona la legalidad del mismo», dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil en una nota enviada a Valor Económico.
El texto resalta que la documentación presentada por la Argentina no pudo demostrar que el peaje cobrado en el tramo Puerto de Santa Fe-Confluencia se instrumentó a partir de un servicio efectivamente prestado a las embarcaciones que transitan la zona.
«El caso reciente y sin precedentes de la retención de un remolcador de bandera Paraguay, propiedad de una filial paraguaya de una empresa brasileña, constituye, desde la perspectiva de Brasil, un hecho preocupante que atenta contra la libertad de navegación -que es la base del Acuerdo de la Hidrovía- y la seguridad jurídica indispensable para garantizar las inversiones asociadas al desarrollo de la Hidrovía como opción central del flujo de carga en la región de la Cuenca del Plata», señala la nota de la Cancillería brasileña.
«Desde hace meses, Brasil busca un diálogo constructivo en los foros institucionales de la Hidrovía que aporte una salida a la situación. Desde el punto de vista brasileño, nos preocupa, por tanto, el empeoramiento de la situación con la retención de embarcaciones en función del cobro de deudas de un peaje que ha sido cuestionado legítimamente por los demás Estados miembros del Acuerdo de la Hidrovía», apunta.
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