En un operativo de inspección laboral, encontraron y rescataron a 40 trabajadores víctimas de explotación. Fue en un establecimiento forestal en el paraje Vedoya, en Ituzaingó, donde se detectaron indicios de esclavitud de los damnificados, quienes no contaban con las condiciones básicas de salubridad e higiene.
La operación se realizó bajo la coordinación del delegado de la región NEA del Comité contra la trata de personas, dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Nación, José María Serbín; y el delegado provincial de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), Roberto Cafferata, además de inspectores de organismos nacionales de control y fiscalización.
Así, los agentes llegaron hasta la estancia Don Francisco, donde hallaron a 40 trabajadores, quienes vivían a la intemperie, en carpas negras de plástico, sin baños ni cocina, ni agua potable. Los damnificados tampoco contaban con servicios básicos y las condiciones de habitabilidad eran «pésimas», señala el reporte oficial.
Asimismo, se conoció que las personas fueron trasladadas desde la vecina provincia de Misiones para realizar tareas de plantación y raleo en forestación. También, se informó que el empleador descontaba la comida y el valor de las herramientas que utilizaban las víctimas.
«Se detectaron claros indicios de explotación laboral, debido a que viven en condiciones inhumanas, sin servicios básicos, como energía eléctrica o agua potable, están fuera de la escala salarial y con jornadas extensas sin días de descanso», señaló José María Serbín.
OTROS
PROCEDIMIENTOS
En esa misma línea investigativa, se detectó otros establecimientos que funcionan bajo la modalidad de cooperativa, en los cuales se comprobó un posible caso de fraude laboral. «Los trabajadores declararon que son monotributistas y reciben sus haberes a través de pagos con tarjetas, pero nunca participaron de una reunión de asamblea y desconocen a los responsables de la cooperativa Crear Mi Casa», resalta el informe.
Continúa la lucha contra la explotación laboral, un delito que atenta contra decenas de trabajadores que desconocen de sus derechos o se someten a condiciones indignas por trabajo. Así, en los últimos años, los organismos inspectores realizaron operativos con allanamientos y los damnificados relevados accedieron a prestaciones y restitución de derechos por parte del Estado nacional.
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