Desde la oposición proponen que las dudas sean respondidas en un plazo a 30 días de la recepción de actuaciones. Se contemplan sanciones.
04-POLITICA-4En la sesión de la fecha, el Concejo Deliberante capitalino abordará el proyecto de Ordenanza del edil del partido Unión Celeste y Blanca, Lisandro Almirón, el cual impulsa dar celeridad y precisión a respuestas del Ejecutivo por pedidos de informes, generalmente provenientes de la oposición.
Para ello establece que las consultas pertinentes deberán ser respondidas dentro de un plazo de 30 días hábiles administrativos, contados desde la recepción de las actuaciones.
«Son evidentes las dificultades que se presentan en el desarrollo de la labor del Deliberante, por la demora u omisión de las respuestas a las solicitudes de informes desde el Departamento Ejecutivo y es preciso contar con los datos necesarios para cumplir con las tareas inherentes a la función de concejal. Debe optimizarse esta labor brindándole celeridad y efectividad. La falta de información y/o imprecisión en la misma, muchas veces ocasiona la imposibilidad de realizar las tareas de contralor o de legislación por parte de este Cuerpo Deliberativo», fundamentó Almirón.
En este marco, el proyecto puntualiza: «El Concejo Deliberante, dispondrá las medidas necesarias a fin de iniciar las actuaciones pertinentes; administrativas y/o, Civiles y/o, Penales, según lo determine el cuerpo. Cualquier miembro del cuerpo estará legitimado para solicitar ante los Tribunales competente la acción de Amparo por mora, conforme los establece la Ley N° 3.460, en el Código de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Corrientes».
Cabe recordar que hace un mes, el mismo parlamentario presentó un proyecto de Resolución que pone el foco en la situación del transporte público de pasajeros y en los controles que se deberían estar ejerciendo desde el Sistema Integrado de Movilidad Urbana (Simu).
En su fundamentación, el parlamentario opositor cuestiona un servicio que siempre es objeto de debate. «El problema de monopolizar el transporte público de pasajeros, es que una quiebra puede dejar sin servicio a toda la ciudad; además de dejar sin trabajo a muchos empleados del sector; sumado a ello una multiplicidad de efectos colaterales», aseveró Almirón y agregó: «Esto ya pasó con una vieja empresa del rubro, la cual dejó en la calle a más de 150 trabajadores en la Ciudad; maniobra que a todas las luces fue un vaciamiento de sus activos para dar nacimiento a otra firma, que actualmente tiene más del 90 por ciento de las líneas de colectivos en la Ciudad de Corrientes, sumado al Servicio de Recolección de Residuos. Sin un control más exhaustivo sobre esta situación, pareciera que la cosa está encaminada para volver a repetir los errores del pasado», culminó.
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