Tras reunir un ajustado quórum en el recinto, el Frente de Todos logró habilitar una sesión luego de tres meses y, al cabo de un tenso debate con la oposición, consiguió aprobar el proyecto de regularización de deudas previsionales.
Con 134 votos afirmativos y 107 negativos, el oficialismo logró la sanción de esta moratoria previsional que permitirá que cerca de 800.000 personas que no alcanzan los 30 años de aportes tengan la posibilidad de jubilarse.
Juntos por el Cambio se opuso a la moratoria previsional por considerarla un «parche» que no hace justicia con las personas que aportaron a la seguridad social toda la vida.
«El sistema contributivo debe guardar un sentido de equidad: debe haber una correlación entre los beneficios otorgados en la práctica y el esfuerzo contributivo que cada ciudadano ha realizado», había anticipado la coalición opositora en un comunicado momentos antes del inicio de la sesión.
La sanción de esta norma fue vivida por el oficialismo con una intensidad inusitada y se festejó alocadamente (incluyendo la simbólica Marcha peronista), una gestualidad que generó malestar en la bancada de Juntos por el Cambio, que tomó las celebraciones como una «provocación».
De hecho, en varias ocasiones diputados de la oposición como Silvia Lospennato le reclamaron a viva voz a la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, que llamara al orden para hacer cesar el ritual «de cancha», pero no lograron aplacar la alegría de un oficialismo que vivió el resultado como un desahogo, después de meses sin poder mostrar logros ni en materia legislativa ni tampoco en otros ámbitos como la economía.
En medio de los tironeos permanentes y las fisuras internas entre sus distintas facciones, el Frente de Todos precisaba de «un triunfo», por más modesto que fuere, para sacar cabeza y afrontar los desafíos venideros con otro espíritu.
La efervescencia de la fotografía final se explica no tanto por el calibre de la medida sino más bien por lo arduo y espinoso que la búsqueda de consensos mínimos para reflotar la moratoria, cuyo tratamiento estuvo paralizado desde que Juntos por el Cambio hizo caer la sesión del 24 de diciembre del año pasado en la que iba a votarse. De hecho, el programa de regularización de deudas previsionales caducó el 31 de diciembre, por lo que hubo dos meses en que la moratoria no estuvo vigente.
El momento más crítico se dio en el comienzo, cuando había que garantizar un quórum que estuvo a punto de escurrirse. El oficialismo había logrado asistencia perfecta con sus 118 integrantes sentados en sus bancas (incluida la presidenta de la Cámara Baja, Cecilia Moreau), sumado a los cuatro diputados del Frente de Izquierda, dos diputados del Frente de la Concordia y Luis Di Giácomo de Juntos Somos Río Negro, pero faltando un puñado de minutos para las 11hs todavía restaban cuatro representantes para llegar al número de 129.
A último momento ingresaron los socialistas santafesinos Mónica Fein y Enrique Estévez, seguido de los peronistas disidentes de Identidad Bonaerense Alejandro «Topo» Rodríguez y Graciela Camaño. Con la sesión iniciada, los diputados de Juntos por el Cambio bajaron al recinto para participar del debate.
La Cámara baja no sesionaba desde el 24 de noviembre pasado, hace más de tres meses: en diciembre hubo tres sesiones que se cayeron estrepitosamente por la reticencia de Juntos por el Cambio a otorgar quórum, en el marco de su pelea pública con el Frente de Todos por el conflicto del Consejo de la Magistratura.
El primer tramo de la sesión estuvo monopolizado por las numerosas cuestiones de privilegio que pidieron los representantes de Juntos por el Cambio. Por caso, el titular del bloque de la Coalición Cívica y vicepresidente de la comisión de Juicio Político, Juan Manuel López (Coalición Cívica) cargó contra el oficialismo por utilizar la «mayoría automática» que detenta en la comisión de Juicio Político para convertirla en «una comisión de inteligencia de hecho».
Por su parte, la diputada del Frente de izquierda Romina del Plá usó una cuestión de privilegio contra su par de Avanza Libertad José Luis Espert por sus reiteradas amenazas al dirigente social del Polo Obrero Eduardo Belliboni, con la expresión «cárcel o bala», que catalogó como un «ataque fascista».
La sesión atravesó otro momento de tensión y zozobra cuando Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) denunció a los gritos la presencia en los palcos del recinto de Carlos Ortega, el gremialista de la seguridad social al que le atribuyó la autoría intelectual de los afiches de escrache hacia los legisladores nacionales que están en contra del proyecto de moratoria previsional.
FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS