Las defensas alegan que se realizó una maniobra tendiente a «quedarse» con un Juzgado Federal con competencia Electoral. Apuntan hacia el fiscal Stornelli y Patricia Bullrich. Leyeron las acusaciones contra los imputados. Los defensores pidieron al Tribunal la nulidad de todo lo actuado. Un caso que hará historia.
02-TAPA-POLITICA-17En medio de un clima tenso de graves acusaciones y en un marco con connotaciones políticas, se inició ayer el juicio oral contra el ex juez federal Carlos Soto Dávila, sus secretarios penales Pablo Molina y Federico Grau, junto a otros abogados y personas supuestamente involucradas en una asociación ilícita vinculada al narcotráfico.
Trascendió que en el juicio hay 75 testigos citados, además de una decena de testimonios con identidad reservada. Algunos de los imputados estaban presentes en la sala de audiencias del Tribunal Oral Penal federal (TOP) de Corrientes, en tanto que otros siguen las instancias del juicio por videoconferencia desde sus lugares de alojamiento carcelario.
El abogado defensor del secretario Grau, Aníbal Ibarra, tuiteó antes de comenzar la audiencia, que «la causa está ‘armada’ por los fiscales (Diego) Iglesias (del Procunar, Procuraduría de Narcocriminalidad) y (Carlos) Schaefer.
Ellos negociaron ilegalmente con un capo del narcotráfico y manipularon prueba para quedarse con un juzgado Federal con competencia Electoral».
Agregó, para llevar el asunto al plano de las maniobras políticas, que «el falso abogado (Marcelo) D’Alessio y Patricia Bullrich no fueron ajenos a la maniobra que llevaron adelante los fiscales».
El hecho es que los fiscales mencionados, en el expediente hicieron constar que «tenemos por cierto y demostrado que Carlos Vicente Soto Dávila, Pablo Carlos Molina, Federico Alberto Grau, Duylio Horacio Barboza Galeano, Tomás Alfredo Viglione, Jorge Ricardo Vallejos y Gregorio Humberto Giménez, formaron parte, al menos desde el año 2010 y hasta el 5 de diciembre de 2018, de una organización de carácter estable, con soporte estructural, división de roles y capacidad para articular acciones de modo de sostener el desarrollo de la actividad ilícita, la cual fue coordinada y encabezada por el mencionado Soto Dávila -en calidad de jefe-, actuando los restantes en calidad de miembros, dedicada a realizar diversas maniobras de corte delictivo, tendientes a perturbar la correcta administración de justicia y a garantizar la impunidad a diferentes sujetos vinculados con maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes en sus diferentes etapas».
La audiencia comenzó ayer a las 15.15 y continuaba anoche al cierre de esta edición. La lectura de sendas acusaciones (de más de 300 y más de 250 páginas, respectivamente) llevó gran parte del tiempo. Luego se corrió vista a cinco profesionales defensores que, de diversos modos, solicitaron la nulidad de todo lo actuado. Posteriormente se daría la palabra a la parte fiscal.
Anoche continuaba el juicio, que por la cantidad de testigos, pedidos de nulidad y otros incidentes, pasará a una segunda audiencia que se realizará el próximo miércoles 29, a las 8.30.
Los imputados en total son doce, pero sólo siete de ellos estaban en la sala. Los cinco restantes se acogieron a la modalidad de juicio abreviado.
IRREGULARIDADES
Antes de la audiencia, la doctora Marina Barbita, abogada del ex juez Federal 1 de Corrientes, Carlos Soto Dávila dijo a un medio radial que «son ocho las imputaciones que cuando se analiza se advierten irregularidades».
Previamente informó que «nos reunimos con mucha confianza y trabajo para el arranque de la primera audiencia del juicio oral, público y contradictorio en que se investiga la posible comisión de algún delito vinculado con la administración de justicia, no solamente encabezada el ex juez Soto Dávila, también sus secretarios y abogados de la matrícula de Corrientes».
En cuanto a cuáles son las imputaciones que pesan sobre el ex juez correntino, explicó que «son ocho hechos de imputación del denominado delito de cohecho, que cuando uno revisa cada uno de los expedientes y las descripciones advierte la absoluta irregularidad».
«Cuando uno lee esa descripción de los hechos, absolutamente irregular porque no es clara, no es circunstanciada, hablan de fechas y de tiempos muy extensos, no definen el día ni el momento en el que se habría producido la entrega de dinero a cambio de favores judiciales. Eso es vergonzoso», agregó.
Afirmó que «Soto Dávila ha sido un juez absolutamente honorable y esta causa ha sido producto de un direccionamiento construido por la dupla Stornelli (fiscal nacional)-Torres (ex juez federal), el juez de Comodoro Py, con el objetivo de llevarse puesto un juez federal con competencia electoral».
«A mi criterio en ese momento había un plan orquestado desde el Gobierno nacional que recién llegaba al Ejecutivo y donde vinculaban al Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich con Stornelli y Torres, a los fines de llevarse puesto a un juez federal con competencia electoral y es lo que sucedió», aseveró.
También acotó que «finalmente lo apretaron, lo extorsionaron a Soto Dávila por lo que tuvo que renunciar para luego quedarse con ese juzgado y eso es lo grave. Formó parte de un plan de Bullrich y Stornelli; ahora lo quieren hacer con el Juzgado de Paso de los Libres».
La abogada remarcó que «esta causa se arma en base de ‘arrepentidos’. Si dijéramos que tenemos escuchas, seguimientos donde se ve a Soto Dávila recibiendo dinero a cambio de resoluciones, yo no diría nada; pero resulta que esta causa está construida y sostenida sobre declaraciones de arrepentidos».
Sin embargo, los fiscales insisten: «Los imputados coordinaron su accionar para que en las causas o asuntos sometidos a la competencia del Juzgado Federal N° 1 de Corrientes -por entonces a cargo de Soto Dávila-, fueran dictadas resoluciones o se omitieran o demoren las que debían adoptarse, con la finalidad de beneficiar a las personas sospechadas».
Dicen que Torres e Iglesias «negociaban con narcos»
En el primer día de juicio contra Carlos Soto Dávila, el hijo del ex juez disparó contra Sergio Torres (juez de Comodoro Py) y Diego Iglesias (fiscal del Procunar) acusándolos de «negociar» con narcotraficantes para lograr declaraciones y quedarse con el Juzgado Federal 1. Además, solicitaron nuevas nulidades en la causa. «El caso está viciado desde el inicio», dijo.
Juan Francisco Soto, en diálogo con Radio Sudamericana durante un receso del debate, apuntó nuevamente contra Sergio Torres y Diego Iglesias y los acusó de negociar con narcotraficantes.
«La audiencia está yendo bien y se esclarece que los verdaderos criminales son Sergio Torres y Diego Iglesias», apuntó. «Habló de «legajos ilegales» y aseveró: «Quedó en evidencia las maniobras donde dejaron de perseguir a narcotraficantes. Negociaron con narcos para condicionarlos, lograr declaraciones que le permitan generar pruebas para quedarse con el juzgado con competencia electoral».
Por su parte, el abogado de Juan Faraone, Pedro Martino, se refirió al pedido de nulidad por parte de la defensa de Soto Dávila y manifestó: «En este receso se introducen nuevas nulidades y la defensora de Soto Dávila quiere que eso se exprese con un power point para que veamos el planteo».
«Ellos consideraron que la investigación empieza nula. Está viciada en el inicio y por ende todo lo demás cae porque nació podrido», agregó.
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