El miércoles, por orden del Juzgado Federal de Goya, se concretó un allanamiento en fincas dedicadas a la horticultura, en Lavalle, donde detectaron que trabajadores sufrían explotación laboral.
La operación estuvo encabezada por agentes de la Gendarmería e integrantes del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, de los ministerios de Justicia y Trabajo, de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), de Migraciones y de otros organismos.
Así, llegaron hasta una finca, cuyos propietarios eran de origen boliviano y argentino, lugar en el que detectaron que «los trabajadores no estaban registrados laboralmente, no gozaban de sus derechos y ni garantías laborales como vacaciones, obra social, aportes jubilatorios. Ni siquiera contaban con algún seguro por la actividad que desarrollan», señaló el delegado del NEA del Comité de Lucha contra la Trata, José María Servín.
Asimismo, Servín resaltó que «el pago por el trabajo se realiza por productividad, sin sumas fijas de sueldo y fuera de la escala salarial por convenio colectivo de trabajo, sin horas establecidas de jornada laboral».
Por último, detalló que a los trabajadores «les pagaban aproximadamente por techo 5.000 pesos, dependiendo del clima y el período estacional; hacían de tres a cinco techos por día. En un caso particular un trabajador accedía a un salario de 2.500 pesos por día. En relación a las condiciones de trabajo no eran las que corresponden, sin elementos de seguridad, detectándose además condiciones habitacionales precarias».
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