Trabajadores autoconvocados del Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico) entregaron ayer una nota al gobernador, Gustavo Valdés, pidiéndole una audiencia para pedirle la regularización laboral.
Asimismo, se realizó un nuevo abrazo simbólico a la sede que el ente tiene en el microcentro de la ciudad de Corrientes.
En la nota entregada a Valdés, se indicó que «actualmente existen 400 trabajadores del Invico inscriptos bajo el régimen de monotributo con el rótulo de Prestadores de Servicios, algunos con más de 25 años de antigüedad».
Además, recordaron: «Cumplimos con un vinculo laboral continuado, firmando expedientes y documentos públicos, asumiendo responsabilidades civiles y penales en representación de la institución».
Así las cosas, puntualizaron: «No se nos reconoce como trabajadores en relación de dependencia del Invico, quedando en un vacío legal desfavorable para el trabajo profesional».
DESIGNACIONES
Por su parte, empleados nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) expresaron en una misiva: «Desde que Julio Veglia fue nombrado como interventor viene nombrando gerentes a dedo, sin antigüedad, violando la Ley 4.067 y el manual de misiones y funciones del organismo. A tal punto llegó al colmo de otorgar funciones de gerente del Área Económica Financiera a una persona monotributista que sólo tenía 7 meses de antigüedad, y nombrarla en planta permanente con clase 20, la máxima del escalafón, burlándose de esta manera de todos los trabajadores del Invico, que hace 32 años no tienen una recategorización».
En este sentido, las huestes alineadas al gremio estatal aseguraron: «El interventor del Invico viola permanentemente la carrera administrativa de los trabajadores de planta permanente, nombrando jefes y gerentes, en los cargos vacantes, a personas sin antigüedad y sin trayectoria en el organismo, con clase 20, la clase máxima del escalafón, mientras trabajadores de más de 30 años de servicio tienen clase 11,15 y 17 en su mayoría».
Por esta razón los trabajadores del mencionado organismo, una vez más, han elevado en estos días un petitorio al interventor reclamando el cumplimiento de la Ley 4.067, la puesta en marcha de la carrera administrativa para cubrir los cargos vacantes, y la recategorización de los trabajadores de planta permanente.
