Con el respaldo necesario para su aprobación, el oficialismo busca convertir en ley dos proyectos centrales de su agenda: una reforma que modifica el esquema de contratación, indemnizaciones y negociación colectiva, y un nuevo régimen penal que reduce la edad de imputabilidad a 14 años. La sesión marcará el cierre de las extraordinarias y un nuevo avance en el programa legislativo del Gobierno.
El Gobierno nacional buscará convertir en ley dos de sus proyectos más controvertidos: la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil, en lo que será la última sesión extraordinaria antes del discurso de apertura de sesiones ordinarias del presidente Javier Milei. Con los votos prácticamente asegurados, el oficialismo apunta a consolidar un paquete de reformas estructurales que redefinen el mundo del trabajo y endurecen el sistema penal para menores.
La sesión comenzará a las 11 y se da en un contexto político favorable para el oficialismo, que viene de obtener triunfos legislativos significativos, como la aprobación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y la modificación de la Ley de Glaciares. En este escenario, el bloque libertario busca cerrar las extraordinarias con una doble victoria que refuerce su programa de reformas.
Reforma laboral: cambios estructurales en las condiciones de trabajo
La reforma laboral introduce cambios profundos en el esquema vigente. Uno de los puntos centrales es la creación del llamado “banco de horas”, que reemplaza el pago tradicional de horas extras por un sistema de compensación mediante francos o reducción de jornadas futuras. Esto implica un cambio en la lógica de la remuneración, donde el tiempo adicional trabajado deja de traducirse automáticamente en una mejora salarial.
También se modifica el sistema de indemnizaciones, que pasará a regirse por un esquema indexado a la inflación con un adicional anual del 3%, eliminando la discrecionalidad judicial en su actualización.
Indemnizaciones y fondo laboral: un nuevo esquema de despidos
A su vez, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con aportes de trabajadores y empleadores, destinado a cubrir indemnizaciones. Este mecanismo traslada parte del costo de los despidos a un fondo colectivo, lo que reduce la responsabilidad directa de las empresas.
Otro de los cambios relevantes es el fin de la “ultraactividad”, el mecanismo que permitía que los convenios colectivos siguieran vigentes hasta la firma de uno nuevo. Con esta modificación, los derechos laborales podrían quedar en suspenso si no se alcanza un nuevo acuerdo, debilitando la posición negociadora de los sindicatos.
La reforma también habilita el pago de salarios por productividad o mérito, incluso en moneda extranjera o en especie, y permite fraccionar las vacaciones en períodos mínimos de siete días. Además, amplía la definición de servicios esenciales, obligando a garantizar al menos el 75% de la actividad durante conflictos laborales, lo que limita el alcance efectivo del derecho a huelga.
Baja de la edad de imputabilidad: el eje del nuevo régimen penal juvenil
En paralelo, el Senado tratará el nuevo Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El proyecto establece penas de hasta 15 años y contempla medidas alternativas para delitos menores, como tareas comunitarias o restricciones de contacto. El Gobierno sostiene que el objetivo es fomentar la responsabilidad y la reinserción social, aunque la iniciativa genera fuertes cuestionamientos de sectores que advierten sobre el riesgo de criminalizar la pobreza y endurecer el sistema penal sin abordar las causas estructurales de la violencia juvenil.
Apoyo legislativo y consolidación del programa oficialista
El oficialismo cuenta con los votos necesarios para aprobar ambas iniciativas, lo que marcaría un avance decisivo en su agenda legislativa. La oposición peronista, principal bloque opositor, ha manifestado su rechazo, especialmente a la reforma laboral, al considerar que implica una pérdida de derechos históricos para los trabajadores.
Un avance legislativo que redefine el modelo laboral y penal
De concretarse la aprobación, el Gobierno de Milei consolidará dos pilares de su programa: la flexibilización del mercado laboral y el endurecimiento del sistema penal. Ambas medidas responden a una misma lógica política: reducir la regulación estatal y reforzar los mecanismos de disciplina económica y social, en línea con el enfoque liberal que impulsa la actual gestión.
La sesión no solo definirá el futuro inmediato de estas reformas, sino que también marcará el tono del nuevo ciclo político que el oficialismo busca inaugurar desde el Congreso.