Fiel a su política editorial de dar cabida a las distintas opiniones, este medio se hace deber de publicar la posición fijada desde el Ministerio Público que encabeza el fiscal general, César Sotelo. Ello sin perjuicio de establecer en recuadro aparte, en nota de redacción, el criterio de EL LIBERTADOR en torno a una temática que genera enorme interés, al punto que las notas relacionadas a estos hechos han tenido entre 60 y 70.000 lecturas, y han sido recepcionadas por los más importantes medios del país, léase La Nación, Clarín, Infobae, Crónica y Ámbito Financiero, además de diarios de todo el Interior donde el tema del robo de ganado está siempre sobre el tapete y que, por ser de interés público, genera una fuerte atención.
En estos términos fijó posición el Ministerio Público Fiscal respecto a un polémico hecho ocurrido en Esquina que tuvo amplia repercusión:
«Doble imputación por abigeato contra desinformación de un matutino local»
«Dos hombres fueron formalmente imputados hoy del delito de abigeato, luego de ser interceptados por la Policía Rural y Ecológica (Priar) en el Paraje Maruchita, segunda sección del Departamento Goya. Sobre una derivación de ese caso, un matutino local hizo interpretaciones amañadas y por lo tanto conviene repasar por qué el fiscal rural de Goya, José Omar Caseré mantuvo -hasta la audiencia de imputación de hoy- en reserva la investigación penal preparatoria (IPP).
Una nota del diario EL LIBERTADOR sobre este caso habló de «criterio equivocado» del Ministerio Público Fiscal, por limitarse supuestamente a elucidar una mera infracción sanitaria (artículo 206 del CP) y no el delito que la origina. Pero la Ufic Rural trabajó desde el principio sobre la hipótesis del abigeato (artículo 167 del CP), surgido de las primeras pruebas que iniciaron la IPP. Tanto, que el fiscal que intervino, Francisco Arrúe, inició la pesquisa de oficio: el dueño del animal faenado no quiso denunciar el hecho.
Si el Ministerio Público Fiscal condujo con sigilo la IPP fue porque divulgarla podía entorpecer el proceso. Respondía a un imperativo legal, pero también a una estrategia del fiscal. La reserva de datos sensibles, en casos como este, no es opacidad, sino una garantía de que los responsables no logren eludir al sistema judicial. El diario, sin embargo, se atrevió a hacer deducciones sobre una base falsa y generó confusión sobre un problema que el Ministerio Público aborda con el máximo rigor.
El hecho ocurrió el 30 de enero último a las 15. Un control del Priar interceptó a dos hombres a bordo de una camioneta Chevrolet S-10 (chapa AS621OZ), en la que transportaban once trozos de cuero, una cabeza, orejas y tres patas de una vaca, además de bolsas negras con marchas de sangre y un cuchillo tipo carnicero. Entregaron de forma voluntaria esos elementos y se labró un acta de secuestro, dándole intervención al fiscal Arrúe. Luego ese legajo -el N° 135.014- pasó al fiscal natural, Caseré.
Ambos hombres, Sergio David Martínez y Sergio Adrián Martínez, ahora imputados de abigeato fueron aprehendidos. Entretanto, el médico veterinario policial examinó las partes animales halladas en el vehículo y constató que los cueros con orejas, una cabeza pelada (sin cuero) y tres patas eran de una misma vaca. También se certificó que poseían en las orejas diseño de señal y en una de las partes del cuero diseño de marca: su propietario, Rafael Antonio Giordano.
La investigación de Caseré comprobó que el resto del animal, tras la sustracción, había sido entregado a una carnicería de Villa Córdoba. Hasta allí lo rastreó la Policía, dirigida por el fiscal. Y desde aquí es que el diario EL LIBERTADOR, sin precisiones de fechas ni detalle de la pesquisa (por caso el procedimiento del 30/1), el 3 de febrero colige ligeramente que el fiscal enfocó mal el abordaje jurídico del delito, apartándose de las normas legales y acotándolo a una simple infracción sanitaria.
Ni el fiscal Caseré, ni la Oficina de Prensa que los representa recibieron consulta alguna sobre este caso por parte de periodistas de este medio. Y aunque es probable que no se hubieran podido brindar todos los pormenores de una investigación en curso, sí hubiera alcanzado para que no se publiquen como hechos lo que son, apenas, relatos construidos sobre premisas falsas y alejados de la verdad real que persigue este Ministerio Público».
Por sobre las diferencias priman las coincidencias
Días atrás, este medio, que viene siguiendo la tarea que, en conjunto, encaran distintos sectores del quehacer provincial, expuso la contradicción que implicaba la calificación preliminar dada a un hecho que fuera difundido por la Policía Rural de la Provincia. Lo hizo con la información oficial brindada por la dependencia especifica que habitualmente da cuenta de distintos procedimientos que lleva a lo largo y lo ancho de la provincia.
El caso de Esquina no era distinto a varios anteriores en los que se apeló directamente al encuadre en el artículo 206 (delito sanitario), lo cual vino generando un fuerte malestar en el ámbito productivo, que había considerado un logro mayúsculo el que, merced al trabajo de conjunto encarado por la Policía, el Ministerio de Producción, los intendentes y los propios ganaderos se había llegado a la conclusión de que la inspección sorpresiva a las bocas de expendio y el eventual secuestro de carne sin procedencia legal abriría la posibilidad de ir hacia atrás, hasta llegar a los cuatreros que proveen la mercadería. Todo un logro que se dio merced a la comprensión de un abordaje integral en el cual, la sola Policía no podía actuar sin el acompañamiento de personal municipal o provincial que habilitara la inspección de las cámaras.
Lo cierto fue que se sucedieron varias requisas exitosas sin que, corolario de las mismas, se cerrara el circuito con una calificación que no se limitara a un simple delito sanitario.
Recién con un hecho registrado en Ituzaingó, del cual se hizo eco el propio Gobernador, que saludó el procedimiento, y otro posterior en Mercedes, en el que actuó el fiscal Casarrubia, se avanzó con un criterio más amplio, conducente a la investigación del robo de ganado y, quizás lo más importante, se dieron señales públicas hacia el resto de la provincia sobre la importancia de no vender carne clandestina en las bocas de expendio.
En este marco, y en este contexto, lo actuado por la Fiscalía de Goya, más allá de las explicaciones dadas por el Ministerio Público, dejan un margen de interpretación respecto a la estrategia investigativa de cara a hechos que tienen una repercusión mediática, donde queda de manifiesto que los tiempos de la Justicia no son los de la gente que se lleva por las señales que derivan de los procedimientos realizados.
Lo dicho refirma el enfoque dado por este medio que, con buena fe y respeto a opiniones y posiciones distintas, se hace un deber fijar la posición propia saludando el hecho que el Ministerio Público haya expresado su criterio que, en definitiva, más allá de la contradicción de opiniones en las cuestiones de forma, pone de manifiesto algo de sustancial importancia que queda como conclusión de lo que seguramente será una «bajada de línea» a los fiscales de toda la provincia para que unifiquen criterios en torno a que, más allá de la táctica investigativa que estimen corresponder, se irá «hacia atrás» cada vez que se encuentre carne clandestina hasta llegar a quienes la proveen.
Del debate expuesto a la opinión pública queda, como conclusión, que se ha dado un paso significativo de modo que, cada inspección con resultado positivo en las bocas de expendio será «la punta del iceberg» a la que esperaban llegar Gobierno, productores, intendentes y Policía, que acordaron esta vía como la más efectiva en la prevención de un delito cuya investigación se complica, por tratarse de inmensas extensiones de campo que desbordan la capacidad operativa de la Policía provincial.