El flamante titular del Jurado de Enjuiciamiento y ministro del STJ, Alejandro Chaín analizó los mecanismos de «ultraactividad» que garantizan la continuidad de los juicios políticos y marcó una postura clara sobre la desfederalización del narcomenudeo. Entre la austeridad de un organismo que funciona con una sola empleada y la presión de delitos complejos como el abigeato, Chaín defiende un «diálogo colaborativo» entre poderes que evite la usurpación de funciones.
En tiempos de reformas estructurales y cambios en el mapa delictivo, Alejandro Chaín se erige como el guardián de una de las instituciones más sensibles de la Provincia: el Jurado de Enjuiciamiento. Un órgano clave para, cada tanto, dar señales a la sociedad que en la justicia no existen defensas corporativas, algo que sobrevuela siempre, y perjudica la imagen del Poder Judicial de cara a una sociedad cada vez más receptiva al quehacer diario de jueces y fiscales.
Con la experiencia que le dan los años en el alto cuerpo judicial de Corrientes, y aun siendo el más joven de los ministros, no sólo desglosó la mecánica legal que permite juzgar a sus pares, sino que también lanzó definiciones políticas de peso sobre el avance del narcomenudeo y el delito rural en Corrientes.
«ULTRAACTIVIDAD»
El Ministro del Superior Tribunal (STJ) hizo hincapié el «reloj constitucional» y la ultraactividad de los funcionarios. Fue uno de los puntos más técnicos y a la vez más vitales para la salud republicana: cómo el Jurado evita quedar paralizado por los calendarios electorales. Chaín destacó ante EL LIBERTADOR -luego del acto de asunción de nuevas autoridades- la figura de la «ultraactividad»: un mecanismo único que permite que un legislador, cuyo mandato político haya vencido, continúe integrando el Jury hasta que finalice un juicio en curso.
«Es el único caso en que la Constitución admite actuar más allá del plazo fijado para el ejercicio del mandato», subrayó Chaín. Esta particularidad, sumada a que el cuerpo cuenta con representación directa del pueblo (senadores y diputados), le otorga al Jurado una legitimidad que el magistrado considera una ventaja comparativa sobre otros órganos técnicos. Además, resaltó la extrema austeridad del área: toda la estructura administrativa recae sobre una sola funcionaria, la doctora Juliana Ojeda, resaltando que, además, proyecta a Corrientes a escala nacional a través del Foro Federal de Consejos de la Magistratura.
FEDERALIZACIÓN
Al abordar la nueva configuración de los delitos, Chaín propuso un cambio de paradigma terminológico respecto al microtráfico de drogas. Mientras muchos hablan de «desfederalización», el Ministro del STJ prefirió hablar de la «federalización del tratamiento judicial» de los casos de narcomenudeo.
Para Chaín, el Poder Judicial de Corrientes está «absolutamente a la altura» para procesar y juzgar estas causas que ahora caen bajo su órbita. Sin embargo, advirtió que este nuevo escenario exige una división de aguas cristalina: «La función de seguridad es del Ejecutivo; la de justicia, del Poder Judicial. Debe haber un diálogo colaborativo, pero de ninguna manera se pueden invadir esferas ajenas», sentenció, en clara referencia a la coordinación necesaria para combatir también el delito rural.
Estadísticas que hablan para bien
Desde la reforma constitucional de 2007, el Jurado ha llevado adelante nueve juicios políticos. Un dato no menor que aportó Chaín es que la totalidad de los funcionarios juzgados habían sido seleccionados por el «nuevo sistema» (Consejo de la Magistratura). Aunque lo ideal sería la ausencia de conflictos, el magistrado recordó que «cuantos menos juicios, mejor funciona el sistema en teoría”, pero remarcó que “el silencio no debe encubrir la falta de investigación ante denuncias graves».
«Ni sumisión, ni supremacía»
En el marco de los recientes debates sobre la seguridad en el campo, Alejandro Chaín fue categórico al definir los límites del diálogo entre la Justicia y el Gobierno provincial. Para el ministro del STJ, la clave reside en un «diálogo colaborativo» que no desdibuje las responsabilidades de cada área.
- Seguridad vs Justicia: Chaín recordó que, mientras la prevención y la seguridad pública son facultades exclusivas del Poder Ejecutivo (encabezado por el Gobernador), la administración de justicia es terreno sagrado del Poder Judicial.
- El límite de la cooperación: aunque instó a mantener tareas coordinadas y ser «solidarios» entre poderes, advirtió que resignar facultades propias equivaldría a un incumplimiento de funciones, del mismo modo que invadir esferas ajenas constituiría una usurpación de funciones.
- Equilibrio de poderes: «Los tres poderes integran el poder público de Corrientes, pero cada uno conoce su ámbito de incumbencia», sentenció, dejando en claro que el Poder Judicial no cederá ante presiones externas ni delegará su rol como árbitro final de la ley.