Con el objetivo de apuntalar la Justicia y la Seguridad, el gobernador, Gustavo Valdés, anunció ayer que firmó la elevación del proyecto de Ley para la concreción de 30 nuevas fiscalías en Corrientes, cuya autoría pertenece al Poder Ejecutivo, como así también para la creación de Defensorías y Asesorías. Según explicó, lo que se busca es «darle mayor apoyatura y agrandar el Poder Judicial» y así imprimirle «dinamismo» al nuevo Código de Procedimiento.
El mandatario dio a conocer esta novedad a la prensa, durante una entrega de notebooks en la escuela Figuerero de la Capital provincial (ver página 7). Así, adelantó que se incorporarán nuevos efectivos interfuerzas que estarán ubicados en el departamento Santo Tomé, también en Monte Caseros, Curuzú Cuatiá y Mercedes.
Sobre este proyecto para dinamizar la Justicia, Valdés aclaró que «todo está conversado y acordado con el Poder Judicial». «Ojalá que pronto podamos tener la aprobación de la Ley para comenzar con los concursos para incorporar nuevos fiscales que aporten dinamismo con más recursos humanos», agregó.
De esta manera, planteó la necesidad de «reforzar la Justicia y la Seguridad» para lo cual «hay que reorganizar la Justicia y esto se logra con la colaboración de la comunidad y con aportes que estamos dispuestos a seguir haciendo para continuar modernizando los espacios», dijo.
Fuentes del área de información pública informaron que en el mensaje de la elevación del proyecto, autoría del Poder Ejecutivo, Valdés expresa a los legisladores que el mismo «tiene por objeto la creación en las distintas circunscripciones judiciales de la provincia de Corrientes de: cargos de Fiscal de Instrucción; Defensorías Oficial Penal y Defensorías de Pobres y Ausentes; y Asesorías de Menores e Incapaces».
Argumenta también la necesidad de ello, por el «gran crecimiento demográfico de la provincia, según datos del Censo 2022, que ha generado una nueva realidad social caracterizada por relaciones sociales más dinámicas y complejas en ámbitos cada vez más complejos», requiriendo «una pronta adecuación del servicio de justicia» para «dar respuestas en plazos razonables».
En este contexto, agrega: «Es relevante tener en cuenta que la Ley N 6.518 -que aprueba el nuevo Código Procesal Penal de la Provincia- deja atrás el sistema mixto para pasar al sistema acusatorio adversarial, el cual pone el foco en la celeridad de la resolución de conflictos penales. Por lo que se coloca en cabeza del fiscal la tarea de preparar y promover la acción penal pública».
El mandatario concluye la respectiva misiva considerando: «El Estado debe allanar los caminos para que el justiciable pueda acceder de manera rápida y sencilla, y los jueces, sus colaboradores y los abogados tienen la misión de intervenir con celeridad y resolver en la medida de lo posible, pues ello hace a la paz social y al bienestar general».
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