Carlos Schaefer, fiscal en la causa contra el ex juez Carlos Soto Dávila y sus secretarios Federico Grau y Pablo Molina, rompió ayer el silencio y habló con Radio Sudamericana, aunque prefirió mantenerse prudente en sus manifestaciones.
De todos modos, después de las acusaciones contra él y otros fiscales por parte de uno de los imputados y de su abogado defensor, Schaefer aseguró que «el Ministerio Público es un ente autárquico en la Justicia Federal y no designa jueces».
En otro orden de temas, habló también de los dichos del presidente Alberto Fernández sobre el fiscal Diego Luciani y la comparación con Alberto Nisman.
La causa contra el ex juez federal Carlos Soto Dávila y quienes eran sus secretarios, Federico Grau y Pablo Molina, sigue avanzando. En este marco, los empleados del ex magistrado ratificaron sus dichos de que la causa fue «armada para descabezar y quedarse con el Juzgado», ante lo que el fiscal Carlos Schaefer ensayó una suerte de réplica.
Schaefer aclaró que «quienes deciden la suerte de jueces y empleados de la Justicia Federal son los integrantes del Consejo de la Magistratura». Agregó que para designar o remover de su cargo a funcionarios judiciales, «se siguen reglamentos y procedimientos que no tienen que ver con el Ministerio Público, que a nivel federal es autárquico e independiente».
Recalcó que «se cae sola esa postura» y aludió a los avances en la causa, donde se están desarrollando aun negociaciones con imputados para juicios abreviados. Recordó que se esperaría que en dos o tres meses culmine el juicio, aunque con la posibilidad de que se anexe otra causa, una relacionada a la entrega de vehículos en causas narco. Eso podría extender el proceso hasta fin de año.
Por otro lado, en su rol de representante regional de la organización que representa a los fiscales federales, Schaefer expresó que «escuchamos las declaraciones del Presidente y las categorizamos como lamentables, porque no sólo está criticando la acción del fiscal y yendo más allá». Apuntó que «hay gran preocupación en el sector», exponiendo que «hay una injerencia de quien declara en cuestiones que no puede, en base a la Constitución Nacional».
.