Los hechos, que conmocionaron a la comunidad de Paso de los Libres por su brutalidad, han alcanzado una resolución judicial que busca priorizar la convivencia vecinal y la responsabilidad civil.
Manuel Enrique Sánchez, propietario de un perro raza pitbull, deberá cumplir con estrictas reglas de conducta y un resarcimiento económico tras confirmarse que su mascota atacó a tres gatos en distintos domicilios, provocando la muerte de dos de ellos.
El caso, caratulado bajo los delitos de crueldad animal y daño simple en concurso ideal, se resolvió mediante una suspensión de juicio a prueba, conocida como probation,. Esta medida, acordada entre la fiscalía, la defensa y aceptada por el juez de Garantías Gabriel Aldaz, impone al imputado las siguientes obligaciones:
- Compensación económica y social: Sánchez deberá abonar una reparación simbólica de 300 mil pesos, destinados a las dueñas de los gatos afectados y a un refugio de animales. Además, realizará tareas comunitarias en la Parroquia San José durante un año.
- Adiestramiento y control estricto: El propietario está obligado a someter al animal a un proceso de adiestramiento especializado con el experto Cristian Brizuela, lejos de zonas residenciales, para asegurar el control de mando y la sociabilización del perro.
- Seguridad en la vía pública: Se le ha prohibido circular con el perro suelto o acompañando vehículos en movimiento. Para cualquier salida, deberá utilizar correa corta, collar de ahorque o pretal seguro y bozal tipo canasta; el cumplimiento de estas compras debe ser acreditado con fotos y facturas ante la justicia.
- Tratamiento psicológico: El imputado deberá iniciar una terapia, siguiendo lo normado por el Código Penal.
EL ENFOQUE DE LA FISCALÍA
La fiscal Daniela Di Tomaso defendió la aplicación de la probation como una salida alternativa que prioriza respuestas útiles frente a la judicialización tradicional. Al ser las partes involucradas vecinos, la fiscalía consideró que una sentencia condenatoria podría «cristalizar el conflicto», fomentando resentimientos en lugar de soluciones. Cabe destacar que Sánchez no contaba con antecedentes penales y la querella se mostró conforme con esta resolución, que se alcanzó en menos de un mes.
Para determinar la peligrosidad del animal y las medidas de seguridad necesarias, la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (Ufic) solicitó la intervención de un perito veterinario, quien analizó los niveles de agresividad del pitbull mientras este permanecía secuestrado bajo custodia policial.
El cumplimiento de estas reglas será monitoreado mes a mes. Cualquier incumplimiento podría revocar de inmediato el beneficio de la suspensión del juicio, obligando a Sánchez a enfrentar un proceso penal ordinario.