El Concejal del Partido Liberal analiza el complejo escenario del transporte público tras el recorte de subsidios nacionales, adelanta los detalles del nuevo pliego de licitación que busca integrar al barrio Santa Catalina y defiende la rigurosidad de los operativos vehiculares en la Capital.
04-POLITICA-4En los pasillos del Concejo Deliberante, el clima refleja la urgencia de los temas en agenda. El transporte público, condicionado por los vaivenes de la macroeconomía nacional, y la seguridad vial, marcada por las alarmantes estadísticas de accidentología, dominan el debate.
Así las cosas, el concejal Jorge «Topo» Campos conversó con EL LIBERTADOR sobre estos ejes clave que atraviesan la gestión municipal en esta nueva etapa.
Actualmente, el Municipio trabaja en una vuelta de tuerca al servicio mientras diseña un nuevo pliego de condiciones que incluya la cobertura de barrios recientemente urbanizados.
Por otro lado, el parlamentario justifica los estrictos controles de tránsito y el secuestro de vehículos como medidas preventivas esenciales para reducir la siniestralidad vial.
A continuación, el desarrollo de la conversación.
Concejal, estamos en medio de una declaración de emergencia vial y el transporte público parece ser el punto más crítico. ¿Cómo define el momento actual del sistema?
-Estamos atravesando una etapa sumamente compleja. El sistema de transporte público de pasajeros está siendo sometido a un debate muy fuerte, no solo a nivel municipal, sino también provincial y nacional. Las condiciones económicas han cambiado drásticamente; la quita de subsidios nacionales ha impactado de lleno en la prestación del servicio y, por lógica, en el costo del boleto. Esto nos obligó a replantear el financiamiento del sistema para garantizar que siga funcionando.
Se hablaba de una prórroga para las empresas actuales. ¿Cuál es la hoja de ruta para una solución definitiva?
-Trabajamos junto al Ejecutivo municipal en los términos de una prórroga que nos dé el margen necesario para establecer el nuevo pliego de bases y condiciones. Es una decisión política e institucional de mucho peso que requiere consenso. No es algo que se decida de la noche a la mañana; hay conversaciones fluidas entre la gestión de Claudio Polich y las empresas prestatarias para garantizar la continuidad mientras se diseña el llamado a licitación.
¿Qué cambios estructurales podemos esperar en ese nuevo pliego de condiciones?
-El pliego actual ha quedado desfasado. Por ejemplo, en su momento no contemplaba el servicio para el barrio Santa Catalina, que hoy es una realidad habitacional y una necesidad urgente de transporte. Además, la ciudad ha crecido con más calles pavimentadas, una condición que las empresas siempre exigieron para ampliar sus recorridos. Todo esto debe quedar plasmado en la nueva normativa para mejorar el radio de prestación.
Pasando al ordenamiento urbano, los operativos de tránsito nocturnos y los secuestros de vehículos generan malestar en algunos sectores. ¿Cuál es su postura al respecto?
-Mire, yo soy padre y abuelo. A veces a los hijos uno les dice «no toques el enchufe» por su propio bien. Aquí lo que está en juego es la salud pública. Hay una frase que se aplica perfectamente: «Dato mata relato». Solo hay que pararse en la puerta del Servicio de Emergencias del hospital Escuela para ver el ingreso incesante de personas accidentadas, principalmente en motos. No es una medida desaprensiva ni autoritaria; es una actitud preventiva frente a una realidad que nos desborda.
Sin embargo, el ciudadano suele verlo como una medida meramente recaudatoria o restrictiva.
-Cuando el ciudadano tome conciencia de que el primer beneficiario es él mismo, el que circula en moto o bicicleta con las condiciones adecuadas, entenderá la razón de ser de estos controles. El problema no es solo el riesgo individual. ¿Qué pasa cuando hay un tercero involucrado? Hemos visto casos de conductores alcoholizados incrustándose en casas ajenas, dañando propiedad privada y, si no tienen seguro o los papeles en regla, el perjuicio para el damnificado es total. La ciudadanía debe acompañar estos operativos de buena fe porque el objetivo final es salvar vidas y proteger a la comunidad.

