En una jornada de alta tensión política y en medio de un complejo escenario económico, un amplio y heterogéneo arco opositor le asestó este miércoles un nuevo golpe al Gobierno en la Cámara de Diputados. Con 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones, se convirtió en ley la reforma que endurece el control del Congreso sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y los decretos delegados que emite el Poder Ejecutivo.
La nueva norma, que ya contaba con media sanción del Senado, representa un cambio sustancial en el equilibrio de poder. A partir de ahora, el Presidente estará obligado a conseguir, en un plazo máximo de 90 días, el aval de ambas cámaras para mantener la vigencia de sus decretos. De no lograrlo, el DNU quedará automáticamente derogado.
El punto más conflictivo y que empodera significativamente al Legislativo es que bastará con que una sola de las dos cámaras rechace un decreto para dejarlo sin efecto. Se erradica así el principio de la «sanción ficta» establecido en la ley 26.122, un artilugio impulsado por la entonces senadora Cristina Kirchner que permitía la validación de los decretos por el simple silencio del Congreso.
Desde el oficialismo calificaron la ofensiva como «desestabilizante». Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, advirtió: “Nadie puede pecar de ingenuo. Se propone desestabilizar al Gobierno, generando una mayor inseguridad jurídica”. En la misma línea, el libertario Álvaro Martínez sentenció: “Cada vez que el kirchnerismo no gobierna, entorpece. Cuanto peor, mejor”.
La oposición, por su parte, negó que la iniciativa busque limitar las facultades del presidente Javier Milei, sino más bien evitar el «uso y abuso» de esta herramienta. “Esta ley no atenta contra la gobernabilidad, al contrario, es a favor”, replicó Nicolás Massot (Encuentro Federal), quien instó al Gobierno a «entender que no se puede gobernar con un tercio de los legisladores».
En una de las paradojas de la jornada, Miguel Pichetto, quien votó a favor de la ley original en 2006, justificó su cambio de postura por el «uso excesivo» que todos los gobiernos hicieron de los DNU. “En el tiempo que estamos viviendo, esta mecánica del Gobierno, con el abuso de los vetos, de los DNU, es un dato muy negativo”, sostuvo.
Radicales divididos y silencios estratégicos
El debate expuso las fisuras internas en algunos bloques. El radicalismo, históricamente crítico de la ley kirchnerista, mostró una postura dividida. Mientras que en el Senado habían apoyado la reforma, en Diputados el bloque liderado por Rodrigo De Loredo optó mayoritariamente por la abstención, proponiendo sin éxito que la ley rigiera a partir de 2027. «Exigirle en tiempo récord a un gobierno que no tiene un solo gobernador lo que no se le exigió a los anteriores constituye un hecho que los desestabiliza», argumentó. Sin embargo, figuras como el radical Julio Cobos se desmarcaron y votaron a favor.
Otra de las ironías fue el rol del kirchnerismo: principal impulsor de la reforma, mantuvo un llamativo silencio durante toda la sesión. La única voz de Unión por la Patria que defendió el proyecto fue Mónica Litza, del ala de Sergio Massa. Mientras tanto, el oficialismo se vio en la incómoda posición de defender con vehemencia una ley que lleva el sello de su principal adversaria política.
Una sesión tensa desde el inicio
La jornada comenzó con maniobras del presidente de la Cámara, Martín Menem, para intentar desactivar la sesión por falta de quórum, una estrategia que no prosperó. La presencia de los diputados que responden al gobernador cordobés Martín Llaryora fue clave para habilitar el debate.
Además, el ambiente estuvo caldeado por el escándalo en torno al diputado José Luis Espert, quien finalmente solicitó una licencia hasta el fin de su mandato, desactivando así una ofensiva opositora que buscaba debatir su remoción.
Con esta nueva ley, el Gobierno enfrenta un Congreso fortalecido y un escenario de negociación mucho más exigente, donde cada decreto deberá, ahora sí, pasar por el filtro explícito de los legisladores.