Aunque reconocen logros desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, la dirigencia rural puntualiza reclamos en tres ejes: la Resolución 115 del parlamento europeo, trazabilidad electrónica y Plan Sanitario Aftosa.
03-POLITICA-6Entidades nucleadas en las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) del NEA y NOA emitieron un contundente comunicado donde dejan de manifiesto su malestar con el parlamento europeo por lo que consideran «una intromisión en la potestad soberana del país» al complejizar las operaciones mediante la controvertida Normativa 115.
En contacto con EL LIBERTADOR, el referente de la Sociedad Rural de Corrientes, Francisco Velar puntualizó: «Rechazamos medidas que subordinen la independencia de nuestros productores a intereses ajenos, que imponen normas y restricciones, sin entender la realidad de quienes trabajamos la tierra día a día. La Agenda 2030 es un paquete de imposiciones que, bajo la máscara de la sostenibilidad, busca controlar nuestra producción y poner en riesgo nuestra libertad para decidir cómo y cuándo producir. Por ese motivo es que desde CRA, estamos haciendo una revisión minuciosa para tomar una postura definitiva como entidad. Y la tomamos: el día miércoles pasado, por unanimidad, en CRA decidimos retirarnos como miembros de la plataforma Visec».
Vale recordar que la mencionada plataforma es la que certifica que los productos en cuestión son «libres de deforestación» en la Argentina.
«Nos parece un avasallamiento a la soberanía, que acentuará los graves problemas económicos que tenemos en esta parte del país. No coincidimos con las reglamentaciones europeas, aunque esto no quiere decir que debemos cortar el diálogo y no avanzar en un consenso. Y allí, creímos que no podíamos estar en contra de la resolución y a la vez participar de la plataforma Visec, que busca cumplir con todos los requisitos que pide la Unión Europea», agregó el dirigente.
CHIP Y VACUNAS
Así las cosas, desde las entidades ganaderas también puntualizaron sus reclamos sobre otros dos aspectos que hacen a la política productiva interna: la trazabilidad electrónica y el Plan Sanitario Aftosa.
«Hay un desacuerdo de los productores, con la posibilidad de que se imponga de manera obligatoria un chip electrónico, una caravana electrónica, en todo el rodeo bovino nacional. Esto lo paga el productor y tiene que absorber la complejidad que va a traer la burocracia, el mayor coste por el valor del chip y el mayor trabajo para su lectura y asumir las dificultades cuando no se lee o cuando no coincide. Tener que viajar, hacer horas de viajes en caminos con mal estado, para solucionar con toda la tropa esperando, con los baños que hay que hacer previos para limpiar de garrapatas, es todo un lío», agregó.
Otros de los reclamos del sector, formalizados en el documento, es el vinculado al manejo de Plan Sanitario de Lucha contra la Aftosa.
Hasta hace no mucho, había cierto alivio en el sector ganadero luego de observar el compromiso del propio presidente, Javier Milei, en colaborar con los productores alivianando -de cierta forma- el contrapeso que generaba afrontar la vacunación contra la aftosa, pagando casi el triple de lo que se paga en la región, gracias a un monopolio que desde el Gobierno nacional decidieron confrontar. Sin embargo, en las últimas semanas se conoció una medida que representa un retroceso en esta impronta.
En las entidades ruralistas cayó mal la decisión del Senasa de mantener sin cambios la vacunación cuando también se había avanzado para que no se incluyera a los novillos.
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