El diputado correntino Manuel Aguirre dijo que es «indefendible». Por su parte, el Ministro de Justicia criticó el «monopolio del poder» del Presidente de la Corte.
El diputado nacional correntino Manuel Aguirre, se mostró ayer crítico ante la postura defendida por el ministro de Justicia, Martín Soria en la reunión de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación.
«El proyecto que propone el Gobierno es indefendible, sólo busca más que la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner», dijo el diputado Aguirre (ver aparte), quien es integrante de la Comisión de Justicia de Diputados.
El ministro de Justicia, Martín Soria, había llamado durante su exposición a «frenar la intromisión de la Corte Suprema en el organismo», defendiendo intensamente el proyecto oficialista que viene con media sanción del Senado y propone que la integración del Consejo pase de 13 a 17 miembros sumando un juez, dos abogados y un académico.
El punto principal de la discusión entre oficialismo y oposición es el rol que tienen que tener los magistrados de la Corte Suprema en el organismo. El Frente de Todos busca excluir al presidente del Máximo Tribunal, Horacio Rosatti, de la conducción del Consejo.
«Hoy estamos aquí para sancionar una ley que restablezca el normal funcionamiento de un órgano fundamental de la Constitución Nacional, como lo es el Consejo de la Magistratura», dijo Soria al inicio del debate.
Soria se refirió críticamente a la resolución de la Corte Suprema que hizo volver el funcionamiento del Consejo de la Magistratura a la modalidad que tenía hace dos décadas atrás.
«La sentencia del 16 de diciembre más que un fallo jurídico era una intervención política», afirmó Soria y denunció que fue parte de una estrategia del Máximo Tribunal para «meterse por la ventana» en el organismo.
En esa línea, el Ministro de Justicia apuntó contra los jueces de la Corte por su «ambición desbocada de concentración de poder» y planteó que la alternativa que enfrentan los diputados es elegir entre un Consejo «democrático, equilibrado y menos corporativo» o uno «que actúe de forma concentrada y corporativamente para unos pocos».
Sin embargo, Soria reconoció implícitamente que el Frente de Todos no tiene los votos suficientes para ratificar el proyecto que viene del Senado. «Es un proyecto que está totalmente abierto, para que los diputados puedan incorporar sus aportes», dijo y aclaró que «sus bases son inobjetables desde el punto de vista constitucional». Esta última es una de las críticas que manifestó, por ejemplo, Graciela Camaño, quien señaló que excluir a la Corte es un «vicio de inconstitucionalidad de origen».
«Lo que queda por delante es el trabajo para hacer una mejor ley, no nos podemos conformar con que cuatro jueces de la Corte le roben sus facultades al Congreso», apuntó.
NUEVA LEY
Pablo Tonelli (PRO), vicepresidente de la comisión de Justicia, comenzó por aclarar que «sin dudas la mejor solución es sancionar una nueva ley del Congreso».
«La única diferencia entre la ley de 1997 y el proyecto del oficialismo es que el último tiene dos legisladores menos y un académico menos. El resto es prácticamente igual. No me parece que esa diferencia de tres integrantes sea suficiente para decir que una ley es buena y la otra es mala», planteó y aclaró que Juntos por el Cambio no podrá votar el proyecto si la Corte es excluida del Consejo.
La diputada Camaño, por su parte, expresó: «La Corte tiene que estar y tiene que tener un rol, porque es quien tiene la mejor observación sobre la administración y de los reglamentos. No estoy de acuerdo con que deba presidir porque le quita equilibrio», aseguró y concluyó señalando que la ley del oficialismo es «inconstitucional y está mal redactada».
Advierten contra la impunidad
El legislador correntino, Manuel Aguirre se mostró crítico ante la postura defendida por el ministro de Justicia, Martin Soria en la reunión de Comisión de Justicia y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Tal postura la expresó luego de llevarse a cabo, en el mediodía de ayer, una reunión en conjunto entre las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales para tratar el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura propuesto por el Gobierno nacional. En dicha oportunidad estuvieron exponiendo el ministro de Justicia, Dr Soria, y el secretario de Justicia, Dr Mena, quienes defendieron y explicaron la importancia de este proyecto por parte del oficialismo.
«El proyecto que propone el Gobierno es indefendible, sólo busca más que la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner», dijo el diputado Aguirre, quien es integrante de la Comisión de Justicia de Diputados.
El ministro de Justicia, Martín Soria había llamado durante su exposición a «frenar la intromisión de la Corte Suprema en el organismo», defendiendo intensamente el proyecto oficialista que viene con media sanción del Senado y propone que la integración del Consejo pase de 13 a 17 miembros sumando un juez, dos abogados y un académico.
La discusión de la reunión además pasó por la búsqueda del Frente de Todos en la exclusión del presidente del Máximo Tribunal, Horacio Rosatti, de la conducción del Consejo, generando un intenso debate.
IBARRA SIGUE CON SU PRÉDICA: «Es una maniobra política para quedarse con un Juzgado electoral»
El abogado Aníbal Ibarra, aprovechando la estela mediática que dejó a su paso como ex fiscal federal, ex jefe de Gobierno porteño y ex líder político de primer nivel en otros tiempos más venturosos, recorrió diversos medios de comunicación locales. Lo hizo en su condición de defensor del secretario penal del Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes, Federico Grau, suspendido en sus funciones hasta que se resuelva su situación en el juicio que se llevaba a cabo contra el ex juez Carlos Soto Dávila.
Ayer le tocó el turno a LT7 Radio Corrientes, donde volvió a asegurar que ese juicio «es una causa armada». Según su lectura, se trataría de una maniobra política para sacar del medio a Soto Dávila y sus secretarios y ubicar a otras personas en un juzgado clave por tener competencia electoral.
Para Ibarra, se trata de un escándalo judicial. «El objetivo era desde Buenos Aires cargarse a un juzgado federal; esta causa se sostiene por un acuerdo y negocio de los jueces y fiscales con el narcotraficante ‘Morenita’ Marín», aseguró.
Ibarra también dijo que la causa se manejó de manera irregular. Los legajos se manejaron con fotocopias y no le dieron derecho a la defensa.
El abogado defensor insistió en que fue una movida política orquestada en Buenos Aires para quitarle el Juzgado Federal N° 1 a Soto Dávila. «Un juzgado federal con competencia electoral es un bocado apetitoso para muchos», dijo.
«Sin Soto Dávila ni sus secretarios podían poner a quien querían», comentó Ibarra. «Acá estuvo el falso abogado (Marcelo) D’Alessio y Patricia Bullrich», aseguró.
«Es imperdonable lo que le hicieron a Soto Dávila, le arruinaron la vida», aseveró el abogado.
En medio de un clima tenso de graves acusaciones y en un marco con connotaciones políticas, se inició el martes último el juicio oral contra el ex juez federal Carlos Soto Dávila, sus secretarios penales Pablo Molina y Federico Grau y otros abogados y personas supuestamente involucradas en una asociación ilícita vinculada al narcotráfico.
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