Las Confederaciones Rurales Argentinas elaboraron un documento al cual adhirió la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, con propuestas para los candidatos en campaña en el cual advierten que la «economía está agotada» y que es preciso generar de modo urgente «un contexto institucional estable y confiable, con plena vigencia de la Constitución Nacional, la democracia, la división de poderes, y un federalismo mejor y eficiente».
El informe remarca que se debe ir hacia una nueva economía y sociedad organizadas en torno a la producción privada y el trabajo privado, y no en torno a un Estado ineficiente, interventor y redistribuidor, que ahoga al sector privado.
«El campo tiene mucho para aportar. Ya aportó demasiado al Estado, incrementalmente desde 2002, sobre todo por la reintroducción de los derechos de exportación en aquel año, lo que limitó el desarrollo productivo y una mayor generación de empleo y divisas, lo mismo que sucesivas restricciones cuantitativas a las exportaciones», indican las Confederaciones Rurales y proponen «respetar un contexto institucional, lograr equilibrios macroeconómicos» junto a una serie de medidas «para lograr un shock de producción agropecuaria y de economías regionales» y ayudar «a poner al sector productivo de pie y lograr recuperar un camino hacia el desarrollo económico y humano».
MEDIDAS PARA
LOGRAR UN SHOCK
DE PRODUCCIÓN
El estudio señala que es necesario generar un contexto institucional estable y confiable para el sector agropecuario y propone para tal fin fortalecer la «plena vigencia de la Constitución Nacional», «la democracia», «la forma de gobierno representativa y republicana», la «independencia de poderes», el «federalismo político y fiscal más eficiente y real», «analizar el funcionamiento del régimen electoral nacional» y el «respeto irrestricto a la propiedad privada».
El informe subraya que es preciso tender hacia una nueva economía organizada en torno a la producción privada y no en torno a un Estado redistribuidor, y para ello precisa que es necesario «terminar con el déficit fiscal y lograr equilibrio fiscal», «eliminar la inflación», alcanzar «la independencia del Banco Central de la República Argentina» y un «tipo de cambio único y libre».
También requiere «eliminar los Derechos de Exportación», «cambiar la estructura tributaria Nación-provincias-municipios, en favor de la producción y evitando la superposición de niveles tributarios», una «reforma y capacitación laboral, reducción del costo laboral de las contribuciones patronales y de los riesgos de trabajo», «libertad de comercio interior y comercio exterior», «abrir más mercados de exportación para todos los productos y servicios del campo», «más financiamiento y crédito a largo plazo para aplicar a la producción», «infraestructura para la producción: basta de demoras», «sostenibilidad ambiental y producción», «investigación y Desarrollo, más trabajo conjunto», y «facilitar la transformación hacia la bioeconomía».
Para las economías regionales, la CRA, propone «lograr una solución para la asimetría entre empleo y planes sociales», «apertura de nuevos mercados de exportación», «seguro multirriesgo para el sector agropecuario y las economías regionales», «mayor equidad intra-cadena en la distribución de la renta productiva regional», «mayor acceso a la energía y al agua», «un plan vial integrador, para un mejor federalismo», «mejorar los ferrocarriles de larga distancia, para un mejor federalismo», «la Hidrovía requiere soluciones definitivas», y una drástica mejora en la inseguridad, abigeato y robos a mano armada en los campos».
FEDERALISMO ES
MAYOR INVERSIÓN
Las Confederaciones señalan a los candidatos que «no se puede seguir perdiendo el tiempo» en «demorar» un federalismo «en serio». Es preciso «optimizar el estado de la red vial, aumentar la seguridad vial a partir del crecimiento de la red federal de autopistas y autovías» y extender la red de autopistas de modo que no sólo llegue a las circunvalaciones y accesos a grandes ciudades y capitales de provincia, sino que se extienda hasta llegar a la producción, al interior de las provincias», indica y reclama «mantenimiento adecuado del estado de rutas nacionales y provinciales» y «revisar los sistemas de prestación de servicios y el régimen de peajes, para lograr mejores rutas».
Las entidades señalan que es necesario «mejorar la red de caminos rurales provinciales y municipales, para los cuales muchas veces se pagan impuestos y tasas que no siempre se ven reflejadas en los caminos», «mejorar los servicios de ferrocarriles de larga distancia, sean estatales, como el Belgrano Cargas, decisivo para la producción desde el NOA y NEA, como otros ferrocarriles de prestación privada, que prestan servicios relevantes para la producción agropecuaria y de economías regionales, pero que no están sujetos a la competencia ni a la regulación adecuada, pues muchos productores no tienen acceso a sus servicios» y «solucionar definitivamente el tema de la Hidrovía, que concentra el 80 por ciento de las exportaciones del país».
El documento subraya que es necesario «optimizar los puertos del país en la medida de lo necesario para un escenario de mayores exportaciones», «ampliar la cobertura de la red aérea, aumentando la oferta de rutas y de vuelos a nivel nacional, tanto para pasajeros como para exportaciones de poco peso y alto valor» y extender la conectividad y fibra óptica para «asegurar que todo el interior del país mejore en estos servicios tecnológicos imprescindibles para la población como para la producción en el campo».
«Ese humo tapó la ineficiencia del Estado»
El documento dedica un apartado en el que pone bajo la lupa «cómo diversos focos de incendio depredaron su riquísima flora y fauna autóctona devastando grandes extensiones y desplazando a las familias, llegando a contaminar inclusive ciudades vecinas con el humo y las cenizas, en lugares tan disímiles como el Norte, el Centro, zonas de la Patagonia y el Litoral». Lo sufrieron Misiones, Jujuy, Córdoba, Salta, Corrientes, La Pampa, Santa Fe, Formosa, Chaco, Entre Ríos, Santiago del Estero, y varios lugares del Sur, como Bariloche, Esquel o El Bolsón», precisa.
«Ese humo tapó la ineficiencia del Estado: la de los organismos de control y seguridad, ocultó la demora y la eficacia en la detección temprana, en el accionar y ataque rápido y sepultó bajo las cenizas la falta de coordinación y respuestas entre Nación y provincias. ¿Hace falta una nueva Ley para que esto deje de suceder? La República Argentina cuenta actualmente con leyes nacionales que deberían proteger y conservar adecuadamente los humedales», subraya.
En este sentido, las Confederaciones reclaman que sean efectivos los parámetros de la Ley 25.675 General de Ambiente, la Ley 25.335 Ratificación Convenio Ramsar para Protección de Humedales, la Ley 25.688 Gestión Ambiental de Aguas, la Ley 26.815 Manejo del Fuego y la Ley 26.652 Quemas Controladas, y remarca que además de las mismas «hay una cantidad de Leyes Provinciales que rigen la materia».
«Actualmente más de una docena de proyectos de distintos partidos políticos sobre «Presupuestos Mínimos» para el humedal se debaten en el Congreso Nacional. La discusión sobre este tema se debe dar en un marco de serenidad y responsabilidad política. Se debe evaluar el marco normativo actual y su aplicación práctica, porque no se trata de sumar capas legislativas, sino de su cumplimiento, sus medios y sus resultados. La sobreabundancia y superposición de legislación no evita los daños. Lo que previene los siniestros y conserva el ambiente es cumplir las leyes vigentes», concluye.
.