Por Por Miguel A Barrios*
Esta catástrofe desnudó falencias, diríamos impensables en el siglo XXI. Pero, sólo asumiéndola desde una visión arquitectónica (desde el Gobierno) y agonal (desde todos los sectores) podemos llegar a ver el ovillo de las respuestas de ahora y futuras.
En primer lugar, la bajante del Paraná fue considerada como uno de los principales desastres climáticos del año 2021. Queremos recalcar que los incendios empezaron a notarse, considerablemente, a principios de octubre del año pasado, con un agravante: la provincia de Corrientes, en cualquier estudio de la Argentina ya es una provincia más forestal que ganadera, superando a la provincia de Misiones, la provincia clásica por excelencia en materia maderera.
Esto está trayendo profundas consecuencias en la estructura socioeconómica ganadera de la Provincia, la extranjerización de la tierra y un cambio en la cultura del trabajo (se ve a través del pasaje del peón de campo al obrero industrial).
En este aspecto, si el sistema educativo no acompaña esta realidad, desde políticas públicas que partan de este escenario desde las provincias, el paisaje puede tornarse desolador.
Este siniestro iniciado en octubre de 2021, como decíamos, empezó -paulatinamente- a afectar con fuerza a la Argentina y a la región para la producción, y la población local, además del daño ocasionado al ecosistema.
El caso concreto que nos afectó fue la sequía del río Paraná, que se extendió a tres países. Hizo que el Paraná, una parte vital de la economía de la región, se encuentre en su nivel más bajo en los últimos 77 años y haya afectado a los medios de subsistencia en Brasil, en la Argentina y en el Paraguay.
El río, que se extiende a lo largo de más de 4.880 kilómetros, desempeña un papel fundamental en la región como fuente de energía hidroeléctrica y una ruta comercial importante.
Los bajos niveles están asociados a la reducción de las precipitaciones. La sequía afecta enormemente a la región. La Argentina depende del río para exportar el 80 por ciento de sus productos agrícolas. Otro impacto es la terrible frecuencia de los incendios forestales, una cultura del uso del fuego en la zona; como así también, en menor medida, los incendios, incluso intencionales, producto de peleas entre vecinos o productores.
Descartamos que haya actores extranjeros o internos que realizan sabotaje intencional, como afirman rumores malintencionados.
Los expertos han sugerido que tanto el cambio climático como la deforestación -que a su vez es una causa del cambio climático- podrían haber contribuido a la actual sequía. Por otro lado, no podemos obviar los escasos resultados de la Cumbre Mundial de Glasgow sobre El Cambio Climático en 2021.
Yendo al meollo de la cuestión, destacamos que en 1996 fue creado a nivel nacional el Plan Nacional de Manejo del Fuego en respuesta a los incrementos de los incendios rurales registrados en el país. El mismo depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y la Ley 26.815 establece la operatividad jurisdiccional en lo local, provincial y nacional. Como el ente coordinador y en la letra de la ley establece prolijamente la cadena de actuación y responsabilidades.
Pero en la práctica queda en evidencia su inutilidad como consecuencia de la superposición de funciones de los organismos integrantes del Plan. Es decir, que este no cumple con la eficacia ni eficiencia que se desprende de la ley. Y podemos considerarlo un fracaso.
Y más aún, a pesar que cada provincia cuenta con un organismo específico como sugiere la ley, el resultado es una gestión descentralizada y desacoplada entre Nación-provincias y entre provincias-provincias o municipios, donde los verdaderos héroes son los bomberos voluntarios o la Defensa Civil; pero que en este nivel de catástrofe son ampliamente superadas.
En el año 2015, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich presentó «un cambio de paradigma». Este «programa» facilitaba a todas las agencias del Estado actuar en la prevención, respuesta y recuperación de las crisis y emergencias.
En 2016, se aprobaba por la Ley 27.287 en ambas cámaras, a instancia del Ejecutivo con el denominado «cambio de paradigma». De esta forma nacía el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo dependiente del Ministerio de Seguridad.
Al Sinagir lo componen 70 entidades nacionales entre ministerios, secretarías, entes autárquicos, etcétera, que generan dos graves e irreversibles daños:
Al ser un organismo gigantesco, tecno burocrático y horizontal, no funciona en absoluto. Es un rotundo fracaso nuevamente del Estado como resultado de las malas políticas de los gobiernos.
Y el segundo gravísimo error, es que diluye absolutamente el papel de la única institución que posee capacidad ante las emergencias y catástrofes que son las FF AA.
Entre las misiones subsidiarias en los libros blancos de defensa del mundo y en las directivas de las políticas de defensa nacional, en el caso de la Argentina está, por ejemplo, establecida las tareas de colaborar con las autoridades civiles en la mitigación de desastres naturales y emergencias. Basta estudiar la misión de las FF AA.
Pero el Sinagir anuló de hecho esta misión estratégica de las fuerzas al trasladar esta misión de Defensa a Seguridad.
La intervención directa de las fuerzas armadas, por supuesto bajo conducción política del Presidente y del Ministro de Defensa, y del Estado Mayor Conjunto ante todo tipo de desastres naturales es uno de los roles más importantes de las FF AA en cualquier país serio y organizado.
Poseen capacidad logística y la distribución en todo el país, una cultura organizacional adecuada y una unidad en la cadena de mandos que resulta esencial para actuar con rapidez.
Las fuerzas, como la de cualquier país serio, poseen la capacidad de dar respuestas rápidas, coordinadas y apropiadas a fin de salvaguardar la vida de las personas afectadas en la zona de desastre y garantizar el envío efectivo de ayuda humanitaria que contribuya a mitigar la crisis presentada. Las Fuerzas Armadas argentinas (poseen la mayor cantidad de helicópteros de toda América del Sur, por dar un ejemplo) son una institución especializada para intervenir mediante acciones inmediatas cuando se presenta la emergencia o el desastre debido a que dispone de personal militar especializados en la temática y medios envidiables aéreos, terrestres y navales con enormes capacidades técnicas.
*El autor es Doctor en Ciencias de la Educación, en Ciencia Política y Director Académico de Dossier Geopolítico.
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