El Tribunal integrado por los jueces Ana Del Carmen Figueredo, Darío Ortiz y Oscar Dubrez dictó a fines de agosto la condena a 12 años de prisión para un hombre juzgado como autor del abuso sexual de dos hermanas en la localidad de Bella Vista. Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2017, cuando las víctimas tenían apenas 7 y 6 años de edad. Tras años de silencio forzado, la intervención clave de la comunidad educativa permitió que las jóvenes (hoy adolescentes) pudieran relatar la violencia padecida a manos de quien era su padre afín.
El punto de quiebre en la causa judicial (Fallo N.° 142) se produjo en mayo de 2023 en el aula de un colegio secundario. La docente de segundo año advirtió la eclosión del trauma de una de las alumnas y, por consejo de la dirección del establecimiento, habilitó un espacio seguro de escucha. En esa reunión reservada, la adolescente logró expresar que sufría abusos por parte de su padrastro y manifestó el profundo temor de que su hermana atravesara la misma situación.
El testimonio inicial fue acompañado por la maestra de lengua del colegio, constituyendo lo que el fiscal de la causa, Sergio Freitag, catalogó como una «noticia criminal» decisiva para impulsar la investigación de oficio y sostener la acusación formal contra el agresor.
AMENAZAS DE MUERTE E IMPACTO EMOCIONAL EN EL HOGAR
Durante el desarrollo del juicio, la madre de las víctimas prestó declaración y rememoró la conmoción que atravesó al ser citada por la escuela. La mujer detalló que desconocía por completo lo sucedido debido al sometimiento y las coacciones dirigidas hacia sus hijas.
Según expuso la fiscalía, el condenado amenazó de muerte a una de las niñas para evitar que revelara los abusos. Esta situación provocó en la víctima un severo aislamiento anímico e interferencias en su rendimiento escolar durante el período en que sufrió los ataques.
SOSTENIMIENTO PROBATORIO Y PERICIAS INTERDISCIPLINARIAS
La acusación fiscal se fundamentó en un conjunto de pericias técnicas e informes profesionales que respaldaron la veracidad de los relatos, donde el licenciado José Fernando Zuiani, del Cuerpo de Psicología Forense, determinó la presencia de indicadores compatibles con Abuso Sexual Infantil (ASI). En su informe descartó tendencias fabulatorias o mitómanas en el testimonio de las víctimas, destacando la presencia de bloqueos emocionales, disminución del tono de voz y angustia severa al evocar los episodios traumáticos.
Además, se incorporaron las actuaciones de Micaela Sandoval, profesional del Departamento de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Bella Vista, dependencia que brindó contención a la joven tras la denuncia.
La causa sumó la constatación criminalística efectuada por Enzo Quiróz, del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), e informes del sargento Hugo González, representante de la Policía de la Provincia de Corrientes.
Al momento de los alegatos finales, el fiscal Freitag remarcó que la hipótesis acusatoria se centró con firmeza en los abusos probados y ponderó que la confianza y contención brindada por los educadores resultó la llave imprescindible para interrumpir la violencia doméstica y lograr la sanción penal del responsable.