En Paso de los Libres, el oficial de la Policía de Corrientes, Walter Nicolás Solán, fue condenado (veredicto 48) como autor responsable de los delitos de lesiones graves doblemente agravadas (por la relación de pareja y por mediar violencia de género) y por desobediencia judicial. La condena fue dictada por el juez unipersonal Marcelo Ramón Fleitas, y el monto de la pena que deberá cumplir Solán se anunciará en las próximas horas.
Según informaron, la víctima, concubina del oficial y madre de su hijo, sufrió una brutal golpiza que le dejó secuelas físicas severas, incluyendo una fractura costal y lesiones renales. La denuncia inicial fue interpuesta el 26 de septiembre de 2022, detallando que la mujer era víctima de violencia emocional, psicológica, verbal y física.
A raíz de las lesiones graves registradas por el médico policial, la jueza de Familia Marta Legarreta intervino tempranamente dictando una restricción de acercamiento al oficial Solán, buscando proteger tanto a la mujer como al niño.
Casi un año después de la orden judicial, Solán quebrantó la restricción. La fiscal Daniela Di Tomaso acusó al oficial no solo por la violencia de género, sino también de oficio por desobediencia.
La clave de la desobediencia fue la manipulación psicológica ejercida por Solán para lograr que la víctima desistiera de la denuncia y retomara la convivencia. La fiscal Di Tomaso afirmó que el acusado le envió un archivo de texto que la víctima solo debía firmar, el cual negaba los hechos de violencia.
En este sentido, la fiscalía resaltó que en la pericia psicológica de la víctima detectaron indicadores de violencia de género, una escalada de agresiones, y el estado emocional fluctuante con tendencia a justificar al agresor, conductas esperables dentro del círculo de violencia. Solán utilizó esa vulnerabilidad para redactar un relato falso donde la víctima debía «reconocer estar desequilibrada emocionalmente» mientras lo «enaltecía a él como una figura inocente».
EL USO DE RECURSOS OFICIALES
El Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) del Ministerio Público, a cargo de la criminalista María Eugenia Aromí, proporcionó la prueba definitiva de esta manipulación. Demostró que el archivo de texto fue creado en una computadora oficial identificada con el usuario «Yapeyú,» dependencia donde Solán prestaba servicios en ese momento, y posteriormente fue enviado directamente al WhatsApp de la víctima.
Para la fiscal Di Tomaso, este acto no fue un incidente aislado, sino la «prueba definitiva del control psicológico que ejercía sobre ella y de su intención de eludir la justicia a toda costa».
La acusación se endureció al señalar que Solán no solo dañó a su pareja, sino que «traicionó su uniforme y el juramento que un día hizo a la sociedad». El oficial, según la fiscalía, empleó sus «conocimientos policiales no para proteger al débil, sino para someterlo, para golpear con técnica y para inmovilizar con eficacia» a la madre de su hijo.
Di Tomaso concluyó que Solán se «escudó en su placa, no como un emblema de servicio, sino como un manto de impunidad,» manchando el honor de la institución policial.
Al cierre del juicio, la fiscal, cuya solicitud de pena fue de ocho años de prisión y contó con la adhesión de la querellante Alejandra Tejeda, ponderó el «acto de valentía» de la víctima por «romper el silencio» y confiar en la Justicia.
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