Los cercos eléctricos despiertan interés entre quienes buscan reforzar la seguridad de sus viviendas y comercios. Sin embargo, detrás de estas medidas de protección también surge una pregunta: ¿Dónde está el límite entre prevenir delitos y generar un peligro para otras personas?
En Corrientes, la condena contra Alberto Antonio Gómez por la muerte de Juan Cruz Delgado vuelve a poner el tema en discusión. El caso se remonta a septiembre de 2020, cuando un joven murió tras recibir una descarga eléctrica durante un festejo en el salón de eventos La Realeza, en la Capital. Según la acusación fiscal, la descarga se produjo al entrar en contacto accidentalmente con un cerco perimetral electrificado que habría sido instalado de manera irregular.
El Tribunal Oral Penal Nº 1 de la Capital condenó a Gómez a tres años de prisión en suspenso por el delito de homicidio culposo.
La decisión constituye el punto de partida para abordar una cuestión que excede el caso judicial: las condiciones en las que se instalan estos sistemas y los riesgos que pueden representar cuando no cuentan con las medidas de seguridad correspondientes.
PROTECCIÓN Y RIESGOS
La búsqueda de alternativas para proteger viviendas y comercios lleva a algunos propietarios a considerar la instalación de cercos eléctricos como un mecanismo para desalentar ingresos no autorizados. Pero su colocación requiere precauciones específicas, porque una conexión inadecuada puede convertir una barrera de protección en una fuente de peligro.
El caso de Delgado expone las consecuencias que puede tener una instalación presuntamente irregular en un espacio donde circulan otras personas. De acuerdo con la acusación, el cerco colocado en el patio trasero del salón de eventos, ubicado sobre avenida Libertad al 5.800, estaba conectado directamente a la red eléctrica y no contaba con dispositivos homologados ni señalización de advertencia.
Durante la madrugada del 27 de septiembre de 2020, en medio de un festejo, Delgado habría tocado accidentalmente el tendido perimetral y recibido la descarga que le provocó la muerte. El hecho pone de relieve que el riesgo no se limita a quienes intentan ingresar a una propiedad sin autorización. También puede alcanzar a invitados, trabajadores, vecinos o cualquier persona que entre en contacto con una instalación eléctrica insegura.
QUÉ HAY QUE
TENER EN CUENTA
La instalación de estos sistemas debe ajustarse a las exigencias técnicas y normativas aplicables. Entre los aspectos centrales se encuentran el uso de un energizador adecuado y certificado cuando corresponda, la emisión de pulsos eléctricos de características no letales, la señalización visible y las condiciones de montaje que eviten contactos accidentales.
También es importante que la instalación sea realizada por personal capacitado y que se verifique el cumplimiento de las normas locales. En ese marco, conectar directamente un tendido a la red eléctrica domiciliaria no equivale a instalar un sistema de seguridad diseñado para ese propósito.
Los requisitos específicos, como las alturas, las características del equipo y las condiciones de señalización, deben comprobarse según la normativa vigente en la jurisdicción correspondiente, ya que no todos los municipios necesariamente establecen las mismas exigencias.
La búsqueda de protección es legítima, pero no exime a los propietarios de la responsabilidad de prevenir daños. Cuando una instalación destinada a resguardar un inmueble provoca lesiones o una muerte, pueden surgir consecuencias legales, según las circunstancias del hecho y las responsabilidades que se acrediten judicialmente.
En el caso de Corrientes, la condena a Gómez por homicidio culposo vuelve a poner en primer plano esa responsabilidad. La pena de tres años de prisión en suspenso coincide con la solicitada por el Ministerio Público Fiscal durante los alegatos.
Más allá del resultado judicial, el caso permite plantear un interrogante sobre el uso de estos dispositivos: ¿qué sentido tiene reforzar la seguridad de una propiedad si las medidas elegidas pueden poner en peligro a quienes están fuera de ella o incluso a quienes ingresan legítimamente?
El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la protección de los inmuebles y la prevención de riesgos para terceros. Porque una instalación de seguridad no debería convertirse en una amenaza y su eficacia no puede medirse únicamente por su capacidad para impedir un ingreso, sino también por las condiciones en las que funciona.