Un megaoperativo ordenado por la Justicia Federal de Resistencia sacudió este viernes a Chaco y Corrientes, con 18 allanamientos simultáneos en sucursales de la cadena de gimnasios Exen, domicilios particulares, concesionarias de automóviles, escribanías y estudios contables. La medida, enmarcada en una causa por presunto lavado de activos, terminó con cinco personas detenidas y otras dos con paradero desconocido fuera del país.
Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal N°1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger; a pedido del fiscal general Patricio Sabadini, de la Unidad Fiscal Resistencia. Del operativo participaron alrededor de 200 efectivos de Gendarmería Nacional y 50 integrantes de la Policía del Chaco, junto a contadores y peritos informáticos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca).
En Corrientes, el procedimiento principal se concentró en el primer piso del ex Hotel Guaraní, sobre la calle Mendoza al 900, donde funcionaba una flamante sucursal de Exen Gym. En Chaco, las requisas alcanzaron los locales de Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, además de inmuebles vinculados a la firma.
SIETE IMPUTADOS Y CINCO DETENIDOS
El expediente cuenta con siete personas imputadas por lavado de activos, previsto en el artículo 303, inciso 1°, del Código Penal. Para cuatro de ellas, la acusación contempla además el agravante de habitualidad y organización.
Entre los detenidos figuran el CEO de la firma, Federico Clinis Canal, junto a Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane, arrestados por peligro de fuga y posible entorpecimiento de la investigación. Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek fueron notificados de la causa y permanecen en libertad.
Nicolás Clinis Canal y María Graciela Canal, también con orden de detención, no fueron hallados en el país. Según trascendió, estarían en Brasil y Paraguay, por lo que la fiscalía avanza con el pedido de una notificación roja de Interpol para su captura internacional.
HALLAZGO DE GRANJAS DE CRIPTOMONEDAS
Uno de los datos que sorprendió a los investigadores durante los procedimientos fue el hallazgo de varias granjas de criptomonedas en los domicilios particulares allanados, un elemento que reforzaría la hipótesis del blanqueo de fondos ilícitos que maneja la fiscalía.
Este tipo de equipamiento, utilizado para la minería de activos digitales, puede ser legal o no según esté declarado ante los organismos correspondientes. No obstante, suele guardar una relación estrecha con maniobras de lavado de dinero, ya que se trata de uno de los métodos más utilizados por organizaciones criminales para blanquear capitales de origen ilícito, dado que dificulta el trazado del dinero inicial. La minería de activos digitales, en ese sentido, permite introducir efectivo de origen ilegal en el circuito financiero legal.
UNA EXPANSIÓN A LA QUE NO LE CERRABAN LOS NÚMEROS
La investigación se originó a partir de un arrepentido que vinculó a un grupo familiar con una concesionaria de automóviles y con una organización narcocriminal investigada por narcotráfico, lavado de activos y tenencia ilegal de armas. Desde allí, Sabadini abrió una pesquisa con relevamientos patrimoniales, informes tributarios y tareas de inteligencia financiera sobre bancos, billeteras virtuales y proveedores de activos virtuales.
Uno de los ejes de la causa es la velocidad con la que se expandió Exen: entre febrero de 2025 y julio de 2026 pasó de una a siete sucursales, con proyección incluso hacia Paraguay. “Resulta económicamente inviable para un negocio de estas características justificar la apertura de siete sucursales en un lapso tan acotado”, sostuvo Sabadini en su requerimiento.
Para reconstruir el patrimonio invertido, la Policía del Chaco relevó las máquinas de cinco sucursales y las tasó, según el catálogo del proveedor oficial, en unos 1.434.241 dólares. Al comparar esa cifra con las facturas registradas, la diferencia no justificada ascendió a 582.049 dólares, equivalente al 58 por ciento del activo fijo relevado.
LA HIPÓTESIS DEL NARCOTRÁFICO
Según el requerimiento fiscal, los siete imputados habrían conformado un grupo destinado a introducir en el circuito legal fondos de origen ilícito, valiéndose de un entramado societario como vehículo financiero. La acusación les atribuye “haber puesto en circulación en el mercado fondos de origen ilícito, posiblemente provenientes del delito de narcotráfico y/u otros delitos de acción pública”.
Fue así que Sabadini calificó el ritmo de las inversiones como ajeno a una lógica comercial genuina: “La maniobra desplegada por los encartados no responde a una genuina lógica de expansión comercial, sino a una estructura de inversión acelerada y sistemática orientada a la canalización masiva de fondos de origen ilícito”, señaló. A su vez, apuntó también contra el costoso nivel de vida de los acusados, con vehículos y viajes al exterior que, remarcó, no se condicen con sus perfiles económicos declarados.
EL CIERRE TEMPORAL DE LOS LOCALES
Tras conocerse el operativo, la empresa recurrió a sus redes sociales para anunciar el cierre temporal de todas sus sucursales. Mediante un breve comunicado, pidió disculpas a sus clientes y agradeció la comprensión, sin dar precisiones sobre la causa que investiga su origen societario y financiero. Mientras tanto, la causa continúa abierta y no se descartan nuevas medidas procesales en las próximas horas, a medida que avance el análisis del material secuestrado y se resuelva la situación de los imputados que permanecen fuera del país.
